La defensa del expresidente y exministro de Economía Luis Alberto Arce Catacora presentó una solicitud ante el juez 12 de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres para que se le conceda la libertad absoluta. Esta petición se fundamenta en el estado de salud del imputado, quien padece cáncer, tiene 62 años y es responsable del cuidado de su madre adulta mayor, en el contexto del proceso judicial relacionado con el presunto desfalco al Fondo Indígena.
Durante la audiencia sobre medidas cautelares, el abogado defensor, Jaime Tapia, destacó que Arce enfrenta una enfermedad oncológica que lo coloca en una situación de vulnerabilidad. Indicó que el exmandatario presenta un hipermetabolismo glucótico sugerente de procesos secundarios y un linfoma, lo que justifica la aplicación del artículo 68 de la Ley 369, además de las garantías constitucionales que priorizan la atención médica para personas mayores de 60 años.
Tapia argumentó que Arce cumple con los requisitos para continuar el proceso en libertad, dado que posee un domicilio fijo desde hace más de dos décadas y no representa un riesgo de fuga. Según el defensor, el exfuncionario reside de forma estable en un departamento ubicado en la zona de Miraflores, respaldo que se sustenta en documentos de propiedad y comprobantes de pago de servicios básicos.
Otro punto clave en la defensa fue el entorno familiar. Se presentó un certificado de nacimiento y una declaración voluntaria de la madre de Arce, Olga Catacora Flores, quien tiene más de 80 años y afirmó que su hijo está a cargo de su cuidado, realizando visitas frecuentes y velando por su bienestar. Esta situación, según el abogado, refuerza la ausencia de riesgos procesales.
En cuanto a la imputación, Tapia cuestionó la responsabilidad individual de Arce en la aprobación o rechazo de proyectos del Fondo Indígena. Explicó que, en su calidad de ministro de Hacienda, formaba parte de un directorio compuesto por 18 miembros, por lo que su voto era uno entre varios, sin facultades exclusivas para autorizar transferencias de recursos.
Además, la defensa denunció que Arce fue supuestamente “secuestrado” durante su detención, cuando descendía de su vehículo en la zona del Montículo, aunque este punto no fue profundizado en la audiencia.
El juez encargado deberá decidir en las próximas horas si acepta la solicitud de libertad sin restricciones o si impone alguna medida cautelar diferente, en un caso que continúa generando debate sobre la responsabilidad política y administrativa en el manejo de los recursos del Fondo Indígena
