El Tribunal Supremo de Justicia ha resuelto anular la condena impuesta a la expresidenta Jeanine Áñez en el caso conocido como Golpe II. Esta decisión judicial, que deja sin efecto la sentencia de diez años de prisión, implica la inmediata liberación de la exmandataria. La confirmación de esta resolución fue emitida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien señaló que la nulidad se fundamenta en argumentos específicos.

Desde la perspectiva de la defensa legal de la expresidenta, la anulación de la sentencia genera una potencial responsabilidad penal para fiscales, jueces y funcionarios del actual Gobierno que participaron en el proceso como acusadores. Se ha anunciado que se llevará a cabo un análisis exhaustivo para determinar el grado de implicación de cada uno de estos individuos, considerando los cuatro años y medio que la expresidenta permaneció privada de su libertad.

Los representantes legales de la expresidenta sostienen que la determinación del Tribunal Supremo de Justicia evidencia una persecución ilegal y arbitraria, así como un uso indebido de las decisiones judiciales. En este contexto, se evaluará la viabilidad de iniciar acciones legales por reparación de daños, dada la prolongada privación de libertad y otros derechos que, según la defensa, fueron vulnerados durante este periodo.

La defensa también ha expresado su preocupación por la actuación de operadores de justicia, afirmando que jueces y fiscales se prestaron a lo que consideran maniobras ajenas al ámbito jurídico, configurando procesos que, a su juicio, estaban orquestados con el propósito de convertir a la expresidenta en un símbolo político. Esta crítica no se limita únicamente al caso Golpe II, sino que abarca otros procesos judiciales que afectaron a la exmandataria.

Frente a esta situación, y percibiendo un esfuerzo del Tribunal Supremo de Justicia por recuperar su autonomía, el equipo legal ha instado al Consejo de la Magistratura a realizar una auditoría de oficio. El objetivo es investigar a fondo estos cuatro años de procesos, que, según la defensa, se desarrollaron por vías inadecuadas y con elementos que no correspondían a la materia penal