El panorama político en Tarija se encuentra marcado por un intenso debate en torno a la configuración y el costo de su Asamblea Legislativa Departamental. Mientras se avanza en la discusión sobre una posible reducción del número de escaños, una medida reciente ya ha materializado un recorte en la remuneración de los legisladores, todo ello en un contexto de marcadas divergencias internas.
La iniciativa para disminuir la cantidad de representantes departamentales, que implica una modificación del Estatuto Autonómico, requiere una aprobación por dos tercios de la Asamblea y posterior sometimiento a referéndum. Sin embargo, el proceso ha encontrado significativas barreras, principalmente la ausencia de consenso entre las diferentes bancadas y los sectores indígenas. Se ha expresado lamento por la incapacidad de unificar los proyectos de ley originales, a pesar de que el Pleno había acordado previamente dicha unificación a solicitud de diversas organizaciones sociales.
Entre las alternativas en consideración, se ha planteado una fórmula que asignaría dos legisladores por provincia, añadiendo dos adicionales para la provincia de Cercado debido a su densidad poblacional y uno para la Región Autónoma del Chaco. Esta propuesta implicaría una reducción del total de asambleístas a aproximadamente quince, sin contemplar aún la representación de los pueblos indígenas, cuya definición sigue siendo un punto de discusión. Inicialmente, estos grupos manifestaron resistencia a la reducción, solicitándoseles que presentaran su propia propuesta. Otra opción en análisis busca establecer el número total de legisladores en once. Adicionalmente, una propuesta impulsada por un asambleísta sugiere mantener los tres representantes indígenas y ajustar los escaños provinciales basándose en criterios demográficos. Se ha señalado la existencia de dos propuestas activas: una para dieciocho y otra para once representantes, aunque se reconoce la persistencia de resistencia en algunos sectores.
Paralelamente a este debate, la Asamblea ha confirmado la aprobación de una reducción salarial para los legisladores. El sueldo de los asambleístas ha sido ajustado de 13.000 a 11.500 bolivianos.
No obstante, esta medida ha generado cuestionamientos. Se ha criticado que la aprobación, impulsada por el bloque mayoritario, priorizó una propuesta que, según observaciones, favorece a ciertos técnicos, directores y profesionales con cargos jerárquicos dentro de la institución. Una propuesta alternativa, que preveía un recorte presupuestario mayor, estimado en siete millones de bolivianos, y que incluía la eliminación de quince ítems y una disminución más sustancial de los sueldos sin ajustes preferenciales, no fue considerada. La fórmula finalmente adoptada representa un recorte de aproximadamente seis millones de bolivianos. Aunque un grupo minoritario apoyó una iniciativa de la Gobernación para fijar el salario en 6.700 bolivianos, el criterio del bloque mayoritario prevaleció.
Ambos temas, tanto la reconfiguración de la Asamblea como la reciente reducción salarial, reflejan la complejidad del panorama legislativo en Tarija. Se ha coincidido en que el debate sobre la disminución de escaños apenas comienza y que aún no se han alcanzado acuerdos definitivos al respecto
