Un acontecimiento sin precedentes en la vida democrática del país se perfila para el próximo domingo 5 de octubre en Santa Cruz, cuando los candidatos a la Vicepresidencia, Juan Pablo Velasco de la alianza Libre y Edman Lara del Partido Demócrata Cristiano, se enfrenten en un debate público. Este encuentro busca no solo elevar el perfil del cargo vicepresidencial, sino también centrar la discusión en ejes temáticos cruciales para el futuro de la nación, como la legislación prioritaria, las soluciones parlamentarias a la crisis actual, la transparencia institucional, las reformas para la protección de sectores vulnerables y la gobernabilidad legislativa.
Sin embargo, la atmósfera preelectoral se encuentra densamente cargada por una serie de controversias personales y una intensa campaña de desprestigio que amenaza con desviar la atención de los temas de fondo. La contienda, que culminará en el balotaje presidencial del 19 de octubre, ha visto cómo los ataques personales han ganado terreno sobre la discusión programática.
En el caso de Velasco, su imagen ha sido objeto de escrutinio debido a publicaciones pasadas en plataformas digitales. Una de estas, una comunicación de índole racista, ha sido objeto de reiteradas negaciones por parte del candidato, a pesar de que análisis realizados por entidades independientes han confirmado su autenticidad. A esto se suman otras declaraciones polémicas que han circulado ampliamente.
Por su parte, Lara ha sido criticado por su estilo confrontacional, manifestado en frecuentes roces con la prensa, profesionales del periodismo y adversarios políticos. Su tono se ha percibido, en ocasiones, más inclinado al choque personal que a la articulación de propuestas concretas. Estos episodios han transformado el período previo al debate en un campo de batalla donde los aspectos individuales corren el riesgo de eclipsar por completo los planteamientos programáticos.
La historia electoral internacional ofrece numerosos ejemplos de cómo los escándalos pueden alterar el rumbo de una elección. En diversas contiendas presidenciales alrededor del mundo, las acusaciones y las controversias personales han dominado el discurso público, relegando las propuestas de gobierno a un segundo plano. Bolivia parece transitar por un escenario similar, donde la confrontación se amplifica a través de las redes sociales y los grupos de mensajería instantánea, convirtiéndose en un potente catalizador de ataques.
Observadores políticos han señalado que la campaña negativa se ha intensificado, afectando directamente a ambos aspirantes. Se argumenta que esta guerra de desprestigio no solo persiste, sino que se ha acrecentado, influyendo de manera perjudicial en la percepción ciudadana. Algunos analistas sugieren que el estilo de Lara podría generar inquietud sobre una posible obstrucción de funciones presidenciales, mientras que la decisión de Velasco de negar un error y desacreditar a las instituciones verificadoras, en lugar de reconocerlo, habría agravado su situación, especialmente en lo que respecta a temas sensibles como el racismo, que no debe ser relativizado por quien aspira a un rol de articulador político.
Otros expertos anticipan que el debate no será un intercambio cortés de ideas. Es probable que los candidatos aprovechen la plataforma mediática para intensificar el desgaste mutuo. Se espera que Velasco intente mejorar su imagen a través de la descalificación de su oponente, mientras que Lara buscará proyectar una imagen de mayor seriedad y proposición, distanciándose de la demagogia. En el fondo, se percibe una pugna entre la improvisación y los esfuerzos por controlar los daños reputacionales.
Asimismo, se destaca que la denominada guerra sucia será un tema ineludible en la discusión. La ciudadanía, lejos de ser ingenua, es consciente de que los partidos políticos han recurrido a estas tácticas. El debate, idealmente, debería servir para clarificar el verdadero rol del vicepresidente: su legitimidad, su capacidad para generar estabilidad y su eficacia en la implementación de políticas. Sin embargo, queda por ver si los candidatos estarán a la altura de este desafío.
El riesgo latente es que un debate concebido para abordar el futuro de la Asamblea Legislativa Plurinacional termine reducido a un mero intercambio de acusaciones. Los cinco ejes temáticos propuestos buscan respuestas sobre leyes fundamentales, transparencia y gobernabilidad, pero el enfoque mediático se ha desviado hacia las polémicas. Como advierten los analistas, es probable que el resultado de este encuentro se defina no tanto por lo que se discuta sobre el porvenir del país, sino por la manera en que los candidatos manejen o exacerben las controversias que los rodean
