La coyuntura actual de Bolivia tiene similitudes inquietantes, tanto con la crisis que precedió al Decreto Supremo 21060, como la descomposición económica que marcó el final de la UDP, señala el psicoterapeuta Edson Altamirano Azurduy en su columna titulada: “Porque olvidar el pasado nos lleva a repetir los mismos errores”, del 27 de noviembre de 2024 en Facebook; sin duda, la crisis económica que enfrenta Bolivia presenta notables similitudes con la de los años 80 bajo el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP). El país ha experimentado una severa crisis inflacionaria, déficit fiscal elevado y pérdida de confianza en la estabilidad económica. Bolivia vivió una hiperinflación que alcanzó niveles extremos, con una depreciación constante de la moneda y una fuerte escasez de divisas. 
Este fenómeno fue resultado de un excesivo gasto público, financiamiento del déficit mediante la emisión inorgánica de dinero y conflictos sociopolíticos que paralizaron la producción. De manera similar, en 2024 se profundiza en Bolivia una crisis de liquidez debido a la caída de las reservas internacionales, el desabastecimiento de dólares y la presión inflacionaria derivada de la pérdida de confianza en el sistema financiero. Otro punto en común es la dependencia de subsidios estatales y la intervención gubernamental en la economía. 
En los años 80, el Estado intentó sostener artificialmente los precios de bienes y servicios esenciales, lo que agravó el problema. En la actualidad, el gobierno ha enfrentado dificultades para mantener los subsidios a los combustibles, falta de divisas y control de la devaluación del boliviano, generando incertidumbre en los mercados. Ambas crisis han tenido un fuerte impacto en la clase trabajadora, con pérdida del poder adquisitivo y aumento del desempleo. La precarización del empleo se ha intensificado, con mayor informalidad laboral, reducción de salarios y cierre de empresas. Además, las condiciones laborales han empeorado, con despidos masivos y menor acceso a beneficios sociales. La historia demuestra que las medidas correctivas, aunque necesarias, suelen ser dolorosas, lo que plantea el desafío de encontrar soluciones sostenibles sin afectar a los sectores más vulnerables, como sucedió con la relocalización minera.
LEGISLACIÓN LABORAL
Abg. Frank I. Taquichiri Y. 
Docente Universitario Post Grado
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FUENTE: www.opinion.com.bo/