El sistema de salud en Tarija atraviesa un momento crítico, lo que ha llevado al Consejo Social Departamental de Salud a convocar una reunión de emergencia para este viernes. La situación se ha visto agravada por la reciente desvinculación de personal sanitario, una medida que ha tenido un impacto significativo en la prestación de servicios en toda la región.
En el municipio de Cercado, más de 21 profesionales que ocupaban cargos financiados por el gobierno regional han sido cesados. Esta cifra representa una parte considerable de los 105 puestos de esta naturaleza existentes en la zona. A nivel departamental, se estima que hay más de 600 cargos financiados por la gobernación, lo que genera una preocupación generalizada sobre posibles futuras reducciones.
Estas acciones, que ya habían sido anticipadas por el gobernador a lo largo de su gestión, fueron habilitadas por una ley aprobada por la Asamblea Departamental. Dicha legislación otorgó al ejecutivo departamental la facultad de implementar este tipo de medidas, sentando las bases para la crisis actual.
El pasado martes, el Consejo Social intentó reunirse de urgencia con las autoridades de salud, pero sus gestiones no tuvieron éxito. Se informó que altos funcionarios, incluyendo al director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y al responsable de la Red de Cercado, no estaban disponibles, encontrándose de vacaciones o en viaje. En respuesta, el Consejo, junto con comités locales, visitó diversos centros de salud, solicitando que se mantuviera al personal, al menos durante la campaña de vacunación contra el sarampión.
Las consecuencias inmediatas de estos recortes de personal se hicieron patentes el mismo martes, cuando la mayoría de los centros de salud de primer nivel en Cercado se encontraron cerrados. Simultáneamente, el centro de salud San Antonio y el hospital principal experimentaron un notable aumento en la afluencia de pacientes en busca de atención médica, lo que subraya la presión sobre los servicios restantes.
Persiste la inquietud por la aparente falta de alternativas de solución por parte de las autoridades, a quienes se percibe más enfocadas en declaraciones públicas que en acciones concretas. Existe la sensación de que la responsabilidad por los cargos financiados por el gobierno regional se está trasladando entre los niveles municipal y nacional, sin que se realicen gestiones efectivas para su migración o para asegurar su continuidad. El Servicio Departamental de Salud, cuya función es realizar un trabajo técnico, habría optado por los despidos en lugar de explorar opciones como la reubicación de puestos o la consideración de personal próximo a jubilarse. Esta aproximación es ampliamente vista como un grave perjuicio para el sistema de salud pública.
Ante esta situación, la reunión programada para el viernes congregará a los consejos sociales y otros sectores de la población para deliberar sobre posibles cursos de acción. No se descartan movilizaciones públicas, consideradas como la única alternativa viable dada la percepción de inacción oficial. La aprobación de la ley departamental por parte de la Asamblea se señala como un factor clave, especialmente porque la normativa establece que los despidos son irreversibles una vez entregados los memorándums.
Desde hace tiempo, los consejos sociales han solicitado la organización de un Congreso Departamental de Salud o una cumbre. Este evento buscaría reunir a las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno –municipal, regional y nacional– para abordar de manera colaborativa los múltiples desafíos del sector. Sin embargo, esta iniciativa ha perdido impulso, una situación exacerbada por la cercanía de las elecciones nacionales y un reciente cambio en la presidencia del Consejo Social Departamental de Salud, la instancia encargada de coordinar tales gestiones. Aunque se reconoce que el avance inmediato en este frente podría ser complicado, existe la esperanza de que una vez concluidas las elecciones generales, se pueda retomar el esfuerzo para reordenar de manera integral el sistema de salud en Tarija. El actual estado de caos en los servicios sanitarios es visto como la culminación de problemas arrastrados durante mucho tiempo, lo que subraya la necesidad urgente no solo de soluciones en materia de recursos humanos, sino también del establecimiento de una rectoría departamental clara que aporte orden y dirección al sistema
