El candidato a la Gobernación de Tarija por la agrupación Camino al Cambio, Mario Cossío, ha denunciado una serie de irregularidades en el proceso de notificación de su inhabilitación para participar en las próximas elecciones. A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicó públicamente la resolución que lo excluye del proceso electoral, Cossío sostiene que hasta la fecha no ha recibido formalmente el documento que respalda dicha decisión, lo que, según él, constituye una vulneración a su derecho fundamental de defensa y pone en entredicho la transparencia del órgano electoral.
La situación se tornó más compleja cuando el candidato decidió trasladarse personalmente a la ciudad de La Paz para obtener la notificación oficial. En su relato, Cossío explica que el viernes 20 estuvo presente durante toda la jornada laboral esperando recibir el documento en las instancias correspondientes del TSE. Sin embargo, no solo no le entregaron ninguna resolución oficial, sino que tampoco confirmaron la existencia física del documento. Posteriormente, fue informado que la notificación se realizaría por medio del sistema digital habilitado para estos fines; sin embargo, ni durante el fin de semana ni hasta el lunes —cuarto día desde el anuncio público— recibió ninguna comunicación formal.
Este retraso y falta de claridad en la entrega de la resolución han generado en el candidato una profunda preocupación sobre las prácticas del órgano electoral. Cossío calificó esta actuación como “poco transparente y arbitraria”, sugiriendo que existe un interés deliberado por parte del TSE en impedirle ejercer plenamente sus derechos políticos y constitucionales. En particular, teme que esta demora tenga como finalidad obstruir su posibilidad de presentar recursos legales dentro de los plazos establecidos por ley para defender su candidatura ante los tribunales.
Además, Mario Cossío enfatizó que la notificación debería haberse realizado de forma inmediata y directa, preferiblemente el mismo día en que se hizo pública su inhabilitación. El incumplimiento de este procedimiento refleja, a su juicio, una falta grave en los procesos administrativos electorales y alimenta las sospechas sobre un manejo irregular del caso. Para confirmar esta situación, acudió también al Tribunal Electoral Departamental con la intención de verificar si existía alguna comunicación oficial pendiente con respecto a su caso; sin embargo, no obtuvo resultados favorables.
Ante este contexto adverso y lo que considera una arbitrariedad institucional, Cossío anunció su intención de llevar el caso ante los tribunales de justicia en las próximas horas. Sin embargo, subrayó que para poder presentar una defensa adecuada es indispensable conocer los fundamentos legales concretos sobre los cuales se basa su inhabilitación. Hasta ahora, afirmó con firmeza que dichos fundamentos no existen o no le han sido expuestos formalmente. Por ello calificó la decisión tomada por el TSE como netamente “política” y denunció un intento claro de proscripción a su candidatura para la Gobernación tarijeña.
Finalmente, agregó un elemento adicional a sus denuncias: aseguró haber recibido presiones para que las papeletas electorales sean impresas sin incluir su nombre como candidato. Para Cossío esto representaría un abuso institucional grave capaz de viciar todo el proceso electoral departamental. Considera que estas acciones contribuyen a profundizar un ambiente marcado ya por la falta de transparencia y arbitrariedad en torno a las elecciones regionales en Tarija.
En suma, esta controversia pone sobre la mesa cuestionamientos importantes respecto al respeto a los derechos políticos y garantías procesales durante los procesos electorales locales. La denuncia pública realizada por Mario Cossío evidencia tensiones significativas entre actores políticos y autoridades electorales que podrían tener repercusiones directas en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de velar por elecciones libres y justas en Tarija. El desarrollo próximo del caso será clave para conocer si se restablece o no un marco de legalidad y equidad en este contexto electoral tan sensible para los habitantes del departamento
