El icónico Cerro Rico de Potosí continúa sufriendo un deterioro significativo en su cúspide debido a la incesante actividad minera, a pesar de las explícitas prohibiciones legales. Esta extracción persistente se concentra en las zonas más elevadas, ricas en óxidos de plata, un recurso cuya demanda global mantiene los precios en niveles históricamente altos.
La onza troy de plata ha alcanzado cotizaciones notables en el mercado internacional, registrando $us 44.33 al 23 de septiembre, un incremento considerable respecto a los $us 40.58 observados a principios del mismo mes. Este auge en los precios impulsa una actividad minera que es fundamental para la economía potosina.
A pesar de la existencia de dos sentencias constitucionales (005/2022 y 1062/2022) y una resolución ministerial (N°105/2022) que restringen la explotación por encima de los 4.400 metros sobre el nivel del mar, la extracción de óxidos de plata no ha cesado en los últimos años. Se estima que aproximadamente una veintena de cooperativas mineras siguen operando en estas áreas restringidas.
Expertos en el sector minero señalan que la región más codiciada del Cerro Rico se encuentra precisamente en su cumbre, entre los 4.400 y 4.700 metros, debido a la alta concentración de plata y estaño. Esta riqueza mineral es el principal atractivo para los mineros, a pesar de los riesgos de hundimiento que la explotación indiscriminada ha provocado.
Observaciones recientes de autoridades locales confirman la intensidad de estas operaciones. Una concejal municipal, durante inspecciones realizadas en julio y agosto de este año, documentó una activa labor minera por encima de la cota 4.700, incluyendo el uso de maquinaria pesada como retroexcavadoras, la perforación con barrenos y martillos, y la detonación de dinamita para extraer óxidos de plata.
Estas constataciones contrastan con reportes oficiales. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en Potosí, en un informe del 5 de septiembre, indicó que el 80% de las 56 bocaminas ubicadas por encima de los 4.400 metros habían sido inhabilitadas, describiendo el proceso como gradual pero irreversible. Sin embargo, otros análisis, como los de la concejal y un estudio de la Universidad Autónoma Tomás Frías, sugieren una intensa y continua explotación en la cima deteriorada del Cerro Rico.
Las consecuencias de esta actividad son alarmantes: un constante hundimiento de la montaña y el trágico registro de más de 90 muertes de trabajadores mineros en lo que va del año.
Ante esta situación, la justicia ha dictado una medida calificada como histórica por los habitantes de Potosí. La Sala Constitucional Primera de Potosí ordenó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) congelar las cuentas bancarias del Ministro de Minería, el presidente de Comibol y el gerente regional de Comibol Potosí, por incumplimiento de la Sentencia Constitucional 1062/2022.
Adicionalmente, el fallo judicial exige la ejecución de trabajos que garanticen la estabilidad de la cúspide del Cerro Rico en un plazo de 31 días calendario, hasta el 25 de octubre, con el fin de preservar su estructura morfológica. También reitera la obligación del Gobierno de cumplir con la sentencia de 2022, que dispone la reubicación de las empresas mineras autorizadas que operan en sectores vulnerables del yacimiento.
Por su parte, los representantes de las cooperativas mineras, incluyendo un senador, han defendido la permanencia de sus asociados en las zonas por encima de los 4.400 metros, criticando al Gobierno y a Comibol por no ofrecer alternativas viables. Han condicionado su salida a la provisión de nuevas áreas de trabajo con prospección y exploración. La Federación Departamental de Cooperativas Mineras ha rechazado abandonar la montaña de plata y, en cambio, demanda la concesión de áreas ociosas existentes dentro del propio Cerro Rico
