En varias ciudades de Bolivia, las familias enfrentan largas filas para adquirir gas en garrafas, mientras que este combustible nacional es sacado del país de manera irregular con destino a Perú, donde su demanda se ve impulsada por la diferencia en los precios. Se ha detectado la ausencia de controles efectivos en al menos dos rutas utilizadas por contrabandistas para transportar el gas.

En la zona fronteriza cercana al lago Titicaca, donde se encuentran las banderas de Bolivia y Perú próximas al hito fronterizo número 1, se observa un constante movimiento de camiones bolivianos con carrocerías cubiertas que ingresan, y vehículos peruanos que salen, evidenciando un tráfico ilícito de gas licuado. Este intercambio es especialmente activo los días miércoles y sábados, coincidiendo con una feria local que atrae a vendedores bolivianos y compradores peruanos, facilitando el paso de productos sin pasar por controles aduaneros estrictos. En las últimas semanas, el gas ha sido el producto más solicitado.

En Puerto Acosta, una localidad boliviana cercana a la frontera, la oficina de la Aduana permanece cerrada durante la madrugada, momento en que los contrabandistas aprovechan para cruzar con sus camiones cargados o vacíos sin mayores restricciones. Habitantes de la zona señalan que, pese a que se cobra una tarifa de 10 bolivianos, no existe una supervisión real sobre el ingreso o salida de mercancías.

Un recorrido realizado en la región permitió constatar la falta de control aduanero, con ausencia de personal encargado de combatir el contrabando. Como resultado, grandes cantidades de productos como arroz, azúcar, huevos, aceite y, más recientemente, gas licuado, salen del país hacia Perú de manera irregular.

En localidades fronterizas como Janko Janko, el gas en garrafa se vende hasta en 50 soles peruanos, equivalentes a aproximadamente 15 dólares o 110 bolivianos, mientras que en Bolivia su precio oficial ronda los 22,50 bolivianos. En el lado peruano, en Desaguadero, el costo del gas fluctúa entre 32 y 35 soles, y en algunos casos, se ofrece el servicio de venta con garrafas propias por hasta 150 soles, cerca de 450 bolivianos.

El Gobierno ha reconocido la problemática del contrabando de gas licuado y ha señalado que, tras la eliminación de subsidios a la gasolina y al diésel, los contrabandistas han orientado sus operaciones hacia este combustible. El ministro de Hidrocarburos ha manifestado que esta situación representa un nuevo desafío que deben enfrentar para controlar el tráfico ilegal y proteger el mercado interno