El proyecto de ley denominado “Ley de Cielos Abiertos para la libre Competencia Aérea en Bolivia” plantea importantes cambios en la gestión y operación de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). Según el artículo 9 de esta propuesta, la empresa estatal deberá sostener sus operaciones exclusivamente con recursos propios y presentar informes financieros detallados anualmente, en los que se reflejen sus ingresos por servicios prestados. En caso de que se compruebe una situación de insostenibilidad financiera, prácticas administrativas deficientes o incumplimiento de la normativa vigente, se autorizará al Órgano Ejecutivo a tomar medidas que incluyen la concesión, privatización o transformación de la compañía bajo las modalidades establecidas en el Código de Comercio.

La iniciativa legislativa fue remitida a la comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización tras su aprobación en el pleno de la Cámara de Senadores. Esta propuesta, presentada por la senadora Tomasa Yarhui, podría llevar a BoA a operar sin subsidios estatales, situación que podría poner en riesgo la continuidad de la aerolínea pública.

El documento consta de 13 artículos, además de una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. En él se señala que, durante los últimos 15 años, BoA recibió un apoyo financiero estatal cercano a los 500 millones de bolivianos para mantener sus operaciones, mientras que entre 2008 y 2022 acumuló pérdidas por alrededor de 222 millones de bolivianos, cifras que evidencian la inviabilidad financiera de la empresa bajo el modelo actual.

BoA fue creada en octubre de 2007 mediante un decreto presidencial, con la intención de ser una empresa pública estratégica con autonomía administrativa, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas. Comenzó a operar en marzo de 2009, luego del cierre de la aerolínea Lloyd Aéreo Boliviano.

El proyecto también propone modificar y derogar varios artículos de la Ley de Aeronáutica Civil para abrir el mercado aéreo boliviano a la participación de empresas nacionales y extranjeras sin restricciones en cuanto a la composición accionaria o porcentaje de capital. Esto permitirá que cualquier persona natural o jurídica, sin importar su nacionalidad, pueda constituir y operar aerolíneas en Bolivia, eliminando limitaciones previas relacionadas con la propiedad y operación de compañías aéreas.

A pesar de esta apertura, el proyecto mantiene que la regulación de las tarifas para el transporte de pasajeros continuará bajo la responsabilidad de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), asegurando así un control sobre los precios que se cobran a los usuarios.

Además, la iniciativa garantiza la libre competencia en el sector aéreo, prohibiendo prácticas monopólicas y cualquier tipo de competencia desleal que pueda restringir el acceso al mercado o perjudicar a los consumidores, ya sea en favor de empresas públicas o privadas. En este contexto, se enfatiza que BoA debe operar sin recibir subvenciones estatales, lo que representa un cambio significativo en su modelo de financiamiento y gestión