Las autoridades han confirmado que cinco personas desaparecidas en Pucamayu, Cochabamba, fueron sometidas a torturas antes de ser asesinadas. El vehículo en el que se transportaban fue incinerado, lo que agrava aún más el caso.

Desde la semana pasada, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encontraba investigando el secuestro de cuatro individuos en el subdistrito 15 de Pucamayu, que forma parte de la localidad de Corani Pama, en el municipio de Villa Tunari. Según la denuncia presentada, los secuestradores exigieron un rescate de 27.000 bolivianos.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que las víctimas consistían en tres hombres y dos mujeres. Entre ellos, se identificó a un exmiembro de la Fuerza Aérea Boliviana y a un individuo vinculado a la venta de armas de fuego.

Durante la intervención policial en el área, se descubrió una fosa común donde fueron hallados los cuerpos sin vida de las víctimas. Aguilera mencionó a varios sospechosos que estarían involucrados en el crimen, destacando que uno de ellos ya se encuentra bajo custodia.

Las investigaciones revelaron que uno de los fallecidos, Cristian S., residía cerca de una base militar en Parotani y poseía un comportamiento y lenguaje característicos de un militar, a pesar de haber sido dado de baja. Este conocimiento militar le permitió ofrecer armamento de guerra a los miembros de la comunidad, quienes estaban organizando un bloqueo en la zona.

Aguilera explicó que, aunque Cristian S. intentó realizar una transacción de armas, esta no se concretó porque no tenía las armas que prometió. Sin embargo, facilitó la entrada de otros individuos vinculados a la estructura militar.

El relato de los acontecimientos indica que Cristian S. fue convocado por tercera vez a la comunidad, esta vez acompañado por Tadashi L. Al llegar, se le exigió la devolución del dinero, pero como no contaba con él, las víctimas fueron sometidas a torturas. A pesar de que se entregó el dinero el 13 de noviembre, las personas fueron retenidas y finalmente asesinadas.

El viceministro identificó a Ernesto Almaraz como el autor material del asesinato y anunció que se presentarán pruebas en las próximas horas, ya que la Policía está llevando a cabo allanamientos para obtener más evidencias. Las investigaciones de inteligencia han determinado que las víctimas ya habían sido asesinadas el mismo día de su llegada a la comunidad.

Aguilera aseguró que se están desenterrando los cuerpos y que las pruebas indican que las víctimas sufrieron lesiones violentas y que fueron asesinadas con una escopeta. Se comprometió a esclarecer las responsabilidades de todos los implicados en este crimen, incluyendo a los autores intelectuales y materiales.

El viceministro subrayó que la compra de armamento de guerra es un acto restringido, reservado únicamente para las fuerzas del orden, y que la retención de las víctimas por motivos de rescate constituye un secuestro, siendo el asesinato el delito más grave en este caso.

Además, se han detectado en la zona plantaciones de cultivos que requieren atención especial, así como vehículos sin documentación. La preocupación de los involucrados en el delito era que, si las víctimas eran liberadas, pudieran delatarlos y provocar la intervención policial