Jesús Cahuana, representante de la Confederación de Gremiales de Bolivia, anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta acción se dirige específicamente contra la disposición adicional séptima de la Ley 1613, que regula el Presupuesto General del Estado para el año 2025.

En una conferencia de prensa, Cahuana también comunicó que se ha decidido suspender el paro y los bloqueos que se habían programado para el próximo lunes 11 en todo el país. El dirigente gremial expresó que, con esta medida legal, se espera que el gobierno detenga cualquier acción de decomisos y confiscaciones, una preocupación significativa para aquellos involucrados en la comercialización y distribución de productos básicos.

El anuncio se produjo tras un ampliado celebrado por la confederación, donde se tomaron decisiones clave sobre la estrategia a seguir. En este encuentro, además de la acción de inconstitucionalidad, se acordó la suspensión de las movilizaciones.

La acción legal fue presentada por los líderes gremiales, acompañados por su abogado, el exmagistrado Gualberto Cusi, y el diputado Miguel Roca. Este paso se da en un contexto de creciente tensión, ya que en un ampliado nacional realizado en Cochabamba en febrero se había decidido reanudar las protestas si el gobierno no derogaba la disposición controvertida de la Ley Financial.

La disposición adicional séptima establece que, con el fin de asegurar el suministro de alimentos esenciales, se otorgan poderes a las entidades competentes para llevar a cabo acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos de los comerciantes que almacenen o intenten aumentar los precios de estos bienes