En un reciente ampliado nacional, la Confederación de Comunidades Campesinas de Bolivia ha tomado una firme postura en contra de la Ley 157, que regula la propiedad de la pequeña propiedad agrícola. La decisión fue anunciada por Herber Quispe Jurado, dirigente de la organización, quien subrayó la importancia de que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira no promulgue esta ley y que se retire de manera definitiva en las cámaras legislativas.

Quispe explicó que uno de los principales argumentos para esta solicitud es la falta de una socialización adecuada del contenido y las implicaciones de la ley entre los sectores que podrían verse afectados o beneficiados por ella. Es necesario recoger criterios en el campo, enfatizó el dirigente, quien reconoce que aunque no todo en la ley es negativo, hay aspectos que generan preocupación y requieren aclaración.

La Ley 157 establece que los propietarios de pequeñas propiedades tienen la opción de cambiar su categoría a mediana o empresarial, un proceso que, aunque se presenta como voluntario, ha despertado inquietudes entre los campesinos. Quispe advirtió sobre una ambigüedad en el texto legal que sugiere que podría haber obligaciones en torno a este cambio de categoría durante el proceso reglamentario. Esta posibilidad ha llevado a los representantes campesinos a solicitar un diálogo directo con el gobierno para asegurar que cualquier reglamentación futura se realice en consenso con todos los sectores interesados.

El dirigente también destacó las implicaciones del cambio de categoría. La pequeña propiedad tiene un estatus especial como patrimonio familiar, lo que significa que es inembargable. En contraste, al optar por una categoría superior, los propietarios podrían enfrentar nuevas obligaciones fiscales y un seguimiento más riguroso por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Aunque el cambio podría abrir puertas a mayores montos de crédito, también conlleva riesgos significativos para los campesinos.

Quispe hizo hincapié en la necesidad urgente de socializar ampliamente esta ley con todos los campesinos y productores vinculados a la propiedad agrícola. Recordó que la propuesta original fue presentada en 2024 y, tras un periodo de paralización, fue recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, su promulgación aún está pendiente y el tiempo apremia para abordar las preocupaciones expresadas por las comunidades rurales.

La Confederación se mantiene firme en su demanda por un diálogo constructivo con el gobierno, buscando garantizar que los derechos e intereses de los campesinos sean respetados y considerados en cualquier normativa relacionada con la propiedad agraria.