En las últimas semanas, la problemática relacionada con la calidad de los combustibles ha cobrado una notable relevancia en diversas regiones del país, extendiéndose también a departamentos como Tarija. El sector del transporte, uno de los pilares fundamentales para la movilidad y el desarrollo económico local, ha comenzado a expresar su preocupación ante la evidente degradación en la calidad de la gasolina que se comercializa actualmente. Esta situación no solo pone en riesgo la operatividad diaria de los vehículos, sino que también evidencia una aparente falta de controles rigurosos por parte de las entidades estatales encargadas de supervisar la compra y distribución del carburante.
Hugo León, representante del Transporte Libre de Tarija, ha sido una de las voces más críticas en este contexto. Con años de experiencia en el sector, León ha señalado que nunca antes había enfrentado un escenario tan adverso relacionado con el combustible. Su preocupación va más allá de una simple queja: pone en entredicho la gestión actual del abastecimiento y distribución del combustible, rechazando las explicaciones oficiales que responsabilizan a administraciones anteriores. Para él, la responsabilidad recae directamente en las autoridades actuales, quienes deberían garantizar controles estrictos para evitar que se comercialicen productos que puedan dañar los motores y sistemas mecánicos de los vehículos.
Las consecuencias prácticas son palpables. Según León, tanto vehículos pesados como livianos, incluyendo motocicletas, están presentando desperfectos mecánicos atribuibles al uso de esta gasolina defectuosa. Esta situación resulta especialmente crítica dado el contexto económico actual, donde los transportistas enfrentan dificultades financieras para cubrir costos adicionales. En muchos casos, las reparaciones derivadas pueden alcanzar cifras elevadas; por ejemplo, el mantenimiento requerido para micros urbanos puede superar los 50.000 bolivianos. Esto no solo representa un golpe directo a quienes dependen del transporte para su sustento diario sino que también puede incrementar indirectamente los costos para los usuarios finales.
Desde otro ángulo institucional, Gabriel Pérez, ejecutivo de la Federación de Autotransporte 15 de Abril de Tarija, confirmó que el sector ya ha tomado medidas formales para denunciar esta problemática ante las instancias correspondientes. Más allá del daño directo a los vehículos y a quienes trabajan con ellos, Pérez advierte sobre un impacto mucho más amplio: toda la economía departamental podría verse afectada si esta situación persiste sin soluciones efectivas. La calidad deficiente del combustible puede traducirse en mayores costos operativos para diferentes actividades productivas y comerciales que dependen del transporte terrestre.
La respuesta organizada del sector incluye también gestiones a nivel nacional. Las denuncias formuladas en Tarija han sido elevadas a la dirigencia nacional del transporte con el objetivo claro de solicitar al Gobierno una reunión oficial donde se aborden estos temas con seriedad y se implementen medidas correctivas urgentes. Entre las demandas más importantes figura la realización inmediata de controles técnicos e inspecciones rigurosas en los surtidores distribuidos por todo el país para verificar que los combustibles cumplan con los estándares mínimos requeridos.
Este llamado conjunto evidencia un malestar creciente entre quienes dependen directamente del buen funcionamiento del sistema energético nacional y exigen respuestas concretas a un problema que ya no puede ser ignorado ni atribuido a factores externos o gestiones pasadas. La calidad del carburante es un elemento fundamental no solo para el correcto desempeño mecánico sino también para garantizar la estabilidad económica y social en regiones como Tarija y otras partes del país donde el transporte es vital para la vida diaria y el desarrollo productivo. La falta de controles adecuados implica riesgos reales que afectan desde el bolsillo hasta la seguridad operacional y llama a una revisión urgente por parte de las autoridades responsables
