Este jueves, el Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz emitió la Sentencia N° 78/2026, en el contexto del Caso Coimas, que ha puesto en jaque a varias figuras del sector público boliviano. En esta decisión judicial, se impusieron penas de prisión a cinco exfuncionarios que fueron hallados culpables de delitos de corrupción que causaron un perjuicio económico al Estado superior a los 19 millones de bolivianos.
Entre los condenados destaca Juan Santos Cruz, quien se desempeñó como ministro de Medio Ambiente y Agua durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS). Cruz ha sido sentenciado a cumplir una pena de 10 años en prisión. Por su parte, Carmelo Valda Duarte, exviceministro de Agua Potable, recibió una condena de seis años. Estos dos exfuncionarios fueron claves en el desarrollo de un esquema corrupto que fue destapado gracias a una denuncia presentada en abril del presente año.
El tribunal también dictó penas similares para otros tres involucrados: Jhony Alexander Santos Sánchez, Álvaro Chávez Arteaga y Rosa Viviana Bautista, quienes deberán cumplir seis años de reclusión cada uno. Además, el fallo incluye la inhabilitación de todos los sentenciados para ocupar cargos públicos o electivos una vez que la resolución judicial sea definitiva.
La Procuraduría General del Estado jugó un papel fundamental en este proceso, colaborando con el Ministerio Público y otras entidades como el Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Desde estas instancias se ha señalado que esta sentencia representa un importante avance en la lucha contra la corrupción en Bolivia y refuerza las medidas para proteger el patrimonio estatal.
La sentencia también ordena al Ministerio Público continuar con la identificación y confiscación de los bienes adquiridos ilícitamente por los condenados, lo que se considera un paso crucial para restituir al Estado parte del daño económico ocasionado por sus acciones corruptas.
El caso comenzó a tomar forma tras una denuncia presentada el 8 de abril de 2023, que revelaba un esquema organizado donde funcionarios públicos cobraban sobornos a empresas a cambio de adjudicaciones para obras públicas bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Las investigaciones subsiguientes confirmaron la existencia de una red bien estructurada que facilitaba estos pagos ilegales en favor de beneficios contractuales.
Hasta ahora, al menos 15 personas han sido imputadas por la Fiscalía en el marco de este caso, cuyo desarrollo continúa abierto ante posibles implicaciones adicionales. La sentencia anunciada hoy no solo marca un hito significativo en uno de los escándalos más notorios de corrupción recientes en Bolivia, sino que también establece un precedente legal que podría influir en futuros casos relacionados con delitos similares.
