Un fallo judicial ha determinado una pena de 30 años de reclusión sin derecho a indulto para Moisés Marcos Parra Llanos, de 40 años, declarado culpable del feminicidio que ha generado profunda consternación en el departamento de Cochabamba este año. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia Nº 1 de Quillacollo, tras un procedimiento abreviado, y deberá cumplirse en el penal de máxima seguridad de El Abra.

La víctima, Gabriela Vásquez A., de 30 años, era la expareja del condenado. Su fallecimiento ocurrió después de permanecer siete días hospitalizada en el Hospital Viedma, a causa de las graves heridas sufridas.

La investigación del caso reveló que, ante la contundencia de las pruebas, el acusado reconoció su responsabilidad en el delito y solicitó acogerse a una salida alternativa. Los elementos probatorios incluyeron testimonios de testigos, el historial clínico de la víctima y un examen forense que estableció como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por una hemorragia interna, resultado de múltiples heridas punzocortantes.

El brutal ataque tuvo lugar el 10 de junio de 2024, en el municipio de Tiquipaya. Gabriela fue emboscada en el patio del inmueble donde alquilaba habitaciones. Mientras compartía un momento con compañeros de trabajo y estudio, y al ascender a la segunda planta, fue atacada por Moisés, quien le infligió severas puñaladas en el abdomen, la espalda, los antebrazos y los glúteos. Tras la agresión, el perpetrador se encerró en un baño, intentando quitarse la vida, pero fue reducido por efectivos policiales, quienes tuvieron que emplear gases lacrimógenos para lograr su detención.

Gabriela fue trasladada de urgencia al Hospital Viedma, donde luchó por su vida en terapia intensiva durante una semana. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, sucumbió a un paro cardíaco. Su trágico deceso dejó en el desamparo a sus dos hijos, una adolescente de 14 años y un niño de 6.

La joven víctima se desempeñaba como limpiadora de casas y ayudante de cocina, y además cursaba estudios para convertirse en chef. Su padre, Clemente V., había señalado que la relación con Moisés había finalizado seis meses antes del crimen. Sin embargo, la necesidad de contar con electricidad para que sus hijos pudieran realizar sus tareas escolares la había obligado a regresar temporalmente a la misma vivienda que compartía con su agresor.

La defensa legal de la víctima fue asumida por el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres. Inicialmente, el caso fue calificado como tentativa de feminicidio desde el 14 de junio. Con el posterior fallecimiento de Gabriela, el proceso fue recalificado a feminicidio, culminando en la sentencia ejecutoriada.

Este violento suceso conmocionó profundamente a la población cochabambina. Incluso el presidente Luis Arce se pronunció públicamente, expresando su pesar por la muerte de Gabriela y demandando una sanción ejemplar para el agresor. En sus declaraciones, lamentó la trágica pérdida que deja a dos menores sin su madre y que hiere el corazón de la sociedad, enfatizando la intolerancia hacia estos crímenes y la necesidad de fortalecer la Ley 348