Una comisión multidisciplinaria e interinstitucional, liderada por el juzgado agroambiental, ha iniciado formalmente el proceso de desalojo de varios restaurantes ubicados a orillas del Lago San Jacinto. Esta acción responde a un fallo judicial que declaró ilegal el funcionamiento de estos establecimientos en dicha zona, debido a la falta de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes. La notificación formal a los propietarios marca el comienzo de una etapa decisiva en la ejecución de esta sentencia, que busca garantizar la protección del ecosistema lacustre y regularizar el uso del espacio público.
El proceso se enmarca dentro de una demanda judicial que incluye medidas cautelares para preservar el medio ambiente mientras se resuelve el litigio. Los propietarios afectados han sido convocados para presentarse ante el juzgado agroambiental, donde tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar los descargos correspondientes. Además, se les ha informado sobre la posibilidad de apelar la decisión judicial, lo que evidencia la transparencia y legalidad con la que se está llevando adelante este procedimiento.
Una de las razones fundamentales que sustentan esta medida es la ausencia de licencias ambientales para operar en un área considerada ecológicamente sensible. La autoridad competente ha señalado que ninguno de los establecimientos cuenta con este requisito indispensable para funcionar legalmente, lo que contraviene las normativas diseñadas para proteger los recursos naturales y evitar daños irreversibles al entorno. Se calcula que entre nueve y quince locales fueron notificados individualmente para iniciar el desalojo conforme a lo establecido por la ley.
Durante las inspecciones realizadas en terreno, se constató que muchas de las plataformas construidas sobre las orillas del lago ya han sido desmontadas, lo cual indica un avance en el cumplimiento parcial de las disposiciones legales. Sin embargo, también se detectaron casos donde algunos negocios ampliaron sus instalaciones hasta alcanzar edificaciones de hasta cinco pisos. Esta expansión no autorizada ha agravado significativamente las observaciones ambientales previas y representa un desafío mayor para las autoridades encargadas de velar por el equilibrio ecológico.
Uno de los aspectos más preocupantes detectados durante las inspecciones es la descarga directa e indiscriminada de aguas residuales al Lago San Jacinto. La falta de sistemas adecuados para almacenar o tratar estos desechos líquidos, como tanques o receptores diseñados para su recolección mediante cisternas, pone en riesgo tanto al ecosistema acuático como a la salud pública local. Este tipo de contaminación puede generar daños irreversibles en la flora y fauna del lago, además de afectar a las comunidades humanas que dependen del recurso hídrico.
Las autoridades han enfatizado que este proceso no tiene como objetivo perjudicar al sector turístico ni eliminar fuentes de empleo relacionadas con esta actividad económica. Por el contrario, buscan promover un desarrollo turístico responsable y sostenible, compatible con la conservación ambiental y el bienestar social. Cabe destacar que este seguimiento judicial y administrativo se lleva a cabo desde hace aproximadamente dos años, periodo durante el cual los propietarios han recibido múltiples observaciones y recomendaciones para corregir las irregularidades detectadas. No obstante, la falta de respuesta oportuna y efectiva por parte de los responsables ha llevado a tomar medidas más contundentes.
En definitiva, esta intervención representa un esfuerzo conjunto entre diversas instituciones para proteger uno de los recursos naturales más valiosos y frágiles del área: el Lago San Jacinto. La ejecución del desalojo busca restablecer el equilibrio ambiental afectado por actividades comerciales irregulares y sentar un precedente sobre la importancia del cumplimiento normativo en zonas con impacto ecológico sensible. La población local podrá beneficiarse a largo plazo con un entorno más saludable y una oferta turística orientada hacia prácticas sostenibles que aseguren la conservación del patrimonio natural para futuras generaciones
