El presidente del Senado, Diego Ávila, ofreció una detallada explicación sobre el funcionamiento y los avances de la Comisión de la Verdad durante su participación en el programa ON (Otra Noche) con Sissi, emitido por EL DEBER. Esta comisión representa un esfuerzo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, bajo la conducción directa del procurador del Estado, y tiene como objetivo principal investigar y esclarecer casos relacionados con presuntas irregularidades que han afectado al Estado.
Ávila destacó que uno de los focos iniciales de esta comisión ha sido la apertura de dos procesos de investigación vinculados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa estatal clave en el sector energético. Estas investigaciones ya han derivado en acciones judiciales contra diversos actores implicados por supuestas irregularidades, lo que evidencia un avance concreto hacia la justicia y la transparencia. El titular del Senado subrayó que estas pesquisas son procesos complejos y significativos que han generado la presentación formal de demandas penales, y actualmente se encuentran en la fase judicial correspondiente.
Además, la Comisión de la Verdad no se limita exclusivamente a estos casos específicos. Está prevista una ampliación en su ámbito de acción para abordar otros procesos dentro de distintas instituciones estatales, así como denuncias relacionadas con daños al patrimonio público. Esta ampliación refleja un compromiso integral con la lucha contra la corrupción y garantiza que ninguna irregularidad quede fuera del escrutinio legal y administrativo. Según Ávila, esta labor es continua y permanente; no se trata de una iniciativa temporal o limitada a un solo periodo gubernamental, sino que persistirá hasta identificar todos los casos donde se haya ocasionado perjuicio al país.
La estructura misma de esta comisión es representativa y multidisciplinaria. Está integrada por miembros de la Procuraduría del Estado, ministros responsables según los temas investigados, así como por los presidentes de ambas cámaras legislativas. Además cuenta con el apoyo técnico esencial proporcionado por equipos especializados en auditoría parlamentaria. También participan representantes del Viceministerio de Justicia y Transparencia, y está prevista la incorporación progresiva de otras entidades conforme avance el trabajo investigativo. Esta composición asegura una mirada amplia y coordinada entre diferentes órganos estatales para fortalecer las investigaciones.
Una dimensión adicional importante señalada por Ávila es que la Comisión también tiene previsto abordar procesos arbitrales internacionales en los cuales, según indicó, Bolivia no habría sido defendida adecuadamente. Este aspecto amplía el alcance del trabajo hacia escenarios externos que pueden haber impactado negativamente en los intereses nacionales.
En cuanto a las denuncias específicas contra YPFB, como las acusaciones sobre mala calidad del combustible o sobreprecio en la compra de crudo, Ávila enfatizó que estas cuestiones deben ser objeto de investigaciones minuciosas para determinar tanto el daño económico ocasionado al Estado como a los responsables directos e indirectos. La importancia estratégica de YPFB dentro del país hace aún más relevante este escrutinio para preservar los recursos públicos y garantizar una gestión eficiente.
El presidente del Senado también hizo hincapié en que las pesquisas no solo contemplan actos corruptos pasados sino que incluyen una fiscalización rigurosa a las gestiones actuales. Esto responde al principio fundamental planteado por el presidente Rodrigo Paz, quien ha insistido en mantener una administración transparente desde todos los ámbitos gubernamentales.
Finalmente, Ávila resaltó que desde el Parlamento se impulsan medidas para transparentar todas las actividades legislativas con el fin de permitir a la ciudadanía conocer detalladamente el trabajo realizado por senadores, diputados y otras instituciones estatales. Este enfoque busca fortalecer la rendición de cuentas y combatir cualquier forma de impunidad asociada a actos ilícitos dentro del sector público.
En suma, la Comisión de la Verdad se perfila como una herramienta clave para enfrentar problemas estructurales ligados a corrupción e irregularidades en Bolivia. Su carácter permanente y amplio alcance institucional refuerzan su relevancia para garantizar justicia y transparencia ante hechos que afectan directamente al patrimonio estatal y al bienestar colectivo
