La Junta de Padres de Familia del Distrito Cercado ha alertado sobre la presunta práctica ilegal de algunas instituciones educativas privadas que estarían cobrando un monto adicional de Bs 40 durante el proceso de inscripción, a pesar de que las pensiones escolares se encuentran congeladas conforme a la normativa vigente del Ministerio de Educación hasta el mes de abril.
Franklin Arancibia, presidente de la organización, indicó que en los últimos días se han recibido numerosas denuncias, tanto de forma presencial como a través de mensajes de WhatsApp, que señalan incrementos encubiertos en las tarifas escolares, una acción que está expresamente prohibida por la ley.
Según las disposiciones actuales, las escuelas privadas no pueden aplicar ningún aumento en las cuotas durante el periodo de inscripción. Cualquier modificación en las pensiones debe ser acordada en una reunión interinstitucional que se realiza en abril entre los representantes de los colegios privados y el Ministerio de Educación.
Arancibia enfatizó que, aunque el cobro de Bs 40 pueda parecer insignificante para algunos, representa una violación directa a la normativa que debe ser sancionada. Por ello, solicitó la pronta intervención de las Direcciones Departamental y Distrital de Educación para llevar a cabo inspecciones y controles rigurosos.
Además, la Junta de Padres denunció que en algunas unidades educativas con convenio se estarían imponiendo requisitos adicionales no contemplados en la normativa oficial, como la presentación de documentación o materiales extras para la inscripción, lo cual afecta el derecho fundamental a la educación.
Recordaron que para los estudiantes matriculados en años anteriores, los únicos documentos exigidos para la inscripción son la fotocopia de la libreta del año lectivo anterior y el RUDE actualizado, sin necesidad de carpetas especiales ni documentación adicional.
La organización anunció que continuará con el control social y presentará denuncias formales contra las instituciones y autoridades que incumplan las disposiciones vigentes, advirtiendo que estas faltas pueden derivar en procesos administrativos y sanciones disciplinarias
