La región metropolitana de Cochabamba atraviesa una grave crisis en la gestión de residuos sólidos, marcada por un conflicto que ha escalado a niveles violentos. El origen del problema se remonta a un desacuerdo sobre el uso del vertedero de Cotapachi, ubicado en Colcapirhua, que se intensificó este lunes en un enfrentamiento entre comunarios y fuerzas policiales, dejando un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos, incluidos agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

La controversia comenzó tras el anuncio del cierre del botadero de K’ara K’ara, utilizado por el municipio de Cercado. Como medida provisional, se habilitó una celda de contingencia en Cotapachi para recibir residuos de algunos municipios de la región metropolitana. Sin embargo, los habitantes de Colcapirhua rechazaron desde el inicio esta disposición, argumentando que no fueron consultados y que no desean recibir basura proveniente de otras jurisdicciones.

Durante mayo, esta oposición se manifestó con bloqueos que duraron tres semanas, provocando una crisis sanitaria. Siete meses después, las tensiones resurgieron con la instalación de un bloqueo permanente en el acceso al vertedero por parte de comunarios de Cotapachi, lo que impidió la entrada de camiones recolectores y generó acumulación de desechos en las calles.

En respuesta, más de 70 Organizaciones Territoriales de Base (OTB), juntas vecinales y autoridades locales realizaron una marcha hacia la plaza principal para exigir el cumplimiento de una acción popular que prohíbe el bloqueo del botadero. El alcalde de Colcapirhua advirtió sobre el riesgo sanitario inminente que la situación representaba.

El conflicto escaló el 4 de diciembre, cuando funcionarios municipales y vecinos intentaron despejar el acceso al vertedero, enfrentándose con los bloqueadores y dejando al menos 20 personas heridas. En esa ocasión, los comunarios denunciaron la imposición de un botadero sin límites claros, mientras que la municipalidad reportó agresiones y daños materiales.

La jornada más crítica se vivió el 8 de diciembre, cuando un contingente policial llegó para levantar el bloqueo que llevaba 12 días. El enfrentamiento incluyó el uso de petardos y dinamita por parte de los manifestantes, y la respuesta policial con agentes químicos para dispersarlos. Los incidentes resultaron en dos muertes confirmadas por impactos de arma de fuego y varios heridos, entre ellos dos efectivos policiales.

El director del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo confirmó los fallecimientos, mientras que el Ministerio Público inició investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos decesos. Testimonios de vecinos indican que durante el operativo se registraron disparos, y familiares de las víctimas denunciaron la presencia de grupos de choque y agresiones armadas.

El abogado Eduardo Mérida solicitó la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para determinar si hubo abuso policial o la participación de terceros armados en los hechos. Por su parte, la Policía informó que su actuación fue en respuesta a ataques con explosivos artesanales y que los manifestantes intimidaron a los uniformados con petardos y cohetes, lo que motivó el uso de gas lacrimógeno.

El comandante departamental de Cochabamba, Alejandro Basto Rodríguez, se desplazó al lugar para supervisar la situación y confirmar informaciones preliminares sobre la posible retención de policías por parte de los manifestantes.

Previo a la escalada de violencia, el alcalde de Colcapirhua difundió un video mostrando el ingreso de los camiones recolectores al botadero y agradeciendo el apoyo policial, señalando que el servicio de recolección de basura comenzaba a restablecerse.

Los habitantes de Cotapachi mantienen tres demandas principales: la definición clara de los límites del botadero, la garantía de que no se reciba basura proveniente del municipio de Cercado y la implementación de un plan ambiental integral para mitigar los impactos en la zona. Además, exigen que se esclarezcan las muertes ocurridas y que se investigue a fondo el operativo policial.

Mientras tanto, la Policía continúa desplegada en las áreas cercanas al conflicto en la región metropolitana de Cochabamba, en un intento por mantener el orden y evitar nuevos enfrentamientos