El Club Bolívar ha hecho pública una serie de irregularidades detectadas en el proceso penal vinculado a un significativo desfalco económico en sus finanzas y en las de las empresas administradoras BAISA S.R.L., PROTFÚTBOL S.R.L. y KUDRET S.R.L. Las investigaciones determinaron que el perjuicio económico supera los 2,5 millones de bolivianos, atribuible a integrantes del equipo administrativo del club.

El monto total del desvío asciende a Bs 2.542.530,18, según el informe oficial emitido por la institución. Entre los implicados figuran Jorge Luis Callisaya Montenegro, quien se desempeñaba como Jefe de Tesorería del club, acusado de participar en el desvío de fondos junto con Lucy Karen Arias Lluscó, contadora de proyectos en las empresas mencionadas, vinculados a un perjuicio de Bs 2.043.113,18. Por otro lado, María Ynés Ticona Challapa, Jefe de Contabilidad del club, está señalada por un desfalco adicional de Bs 499.417,00.

Estas tres personas han sido formalmente imputadas y enfrentan un proceso judicial que determinará su responsabilidad penal. Inicialmente, Callisaya y Arias estuvieron en detención preventiva en centros penitenciarios de La Paz, pero actualmente cumplen medidas sustitutivas a dicha detención.

En cuanto a las responsabilidades, el club informó que el juicio será oral, público y contradictorio, donde se establecerán las sanciones correspondientes. El comunicado también señala que Callisaya intentó eximir su responsabilidad, atribuyendo las irregularidades a sus superiores, Eduardo Alejandro Valdivia Medling y Juan Carlos Campero Martínez, quienes, por su parte, colaboraron activamente en la apertura de la investigación penal tras la detección de las anomalías en un informe de auditoría independiente.

Sin embargo, el fiscal encargado del caso, Romualdo Isaac Almonte Blanco, presentó una imputación formal contra Valdivia y Campero por el delito de Manipulación Informática, argumentando que no detectaron las irregularidades cometidas por los otros implicados. Esta acción fue calificada por el club como “contradictoria y preocupante”, ya que consideran que el fiscal ha adoptado la versión del principal acusado, Callisaya, sin contar con pruebas que respalden dicha acusación.

El directorio del club manifestó su intención de presentar una denuncia formal ante la Unidad de Transparencia del Ministerio Público para que se investigue la conducta del fiscal Almonte y evitar que se produzcan prácticas abusivas que distorsionen el proceso judicial, especialmente imputando a quienes denunciaron el delito.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de condenar y perseguir cualquier acto doloso o negligente que afecte al club, al mismo tiempo que defenderá a quienes han demostrado integridad y lealtad en la protección de sus intereses