La tensión entre el Comité pro Santa Cruz y el Gobierno nacional se ha intensificado tras las recientes declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, en las que defendió el sistema de distribución de recursos conocido como 50-50. Este mecanismo establece que el 50% de los recursos recaudados se destinen al nivel central del Estado y el otro 50% a las regiones. La polémica generada por estas afirmaciones ha desencadenado una fuerte reacción por parte del Comité pro Santa Cruz, que no solo cuestiona el modelo planteado, sino que también pone en tela de juicio la representación y autoridad del Gobierno nacional en materia autonómica.
En un pronunciamiento oficial emitido tras una reunión del directorio presidido por Stello Cochamanidis, el Comité pro Santa Cruz manifestó su rechazo absoluto a la postura expresada por Barrientos. La institución advirtió que no reconocerá su autoridad ni participará en espacios donde ella pretenda representar al Ejecutivo nacional, evidenciando un profundo quiebre institucional en la relación entre esta región y la administración central. Este rechazo fue acompañado por la declaración de persona no grata hacia la viceministra y la exigencia de su destitución inmediata o renuncia, argumentando que sus palabras reflejan un modelo centralista que contraviene los avances y conquistas obtenidos históricamente en materia autonómica.
Las declaraciones de Barrientos, donde cuestionaba la entrega directa del 50% de los recursos a las regiones con expresiones contundentes, provocaron un amplio rechazo en diversos sectores sociales y políticos. Aunque posteriormente la viceministra difundió un video pidiendo disculpas y reconociendo haber cometido un error, para el Comité pro Santa Cruz estas palabras no constituyen un incidente aislado sino una manifestación clara y oficial de una política centralista que consideran agotada y contraria a los principios de autonomía regional. En su comunicado, enfatizan que la autonomía fue fruto de arduas luchas históricas y que están decididos a defender ese legado sin retroceder ante imposiciones del nivel central.
El documento emitido por el Comité resalta además que los recursos económicos no pertenecen al Gobierno nacional sino a quienes los producen en cada región. Rechazan enfáticamente cualquier intento de control o condicionamiento desde el Ejecutivo central sobre cómo deben gestionarse estos fondos, subrayando que Santa Cruz no requiere permisos ni instrucciones para administrar sus propios recursos. Esta postura refleja una demanda firme por mayor autonomía financiera y administrativa, basada en el reconocimiento del derecho legítimo de las regiones sobre sus ingresos.
En paralelo a esta controversia, el Comité pro Santa Cruz planteó propuestas para modificar la estructura actual del Viceministerio de Autonomías. Acusan a esta instancia de no haber logrado avances significativos en cuanto a transferencia real de competencias o recursos hacia las regiones, además de considerar que se ha convertido en un aparato más dedicado al control político y al gasto innecesario. Por ello, solicitó su cierre definitivo como medida para avanzar hacia una verdadera descentralización.
Como alternativa para facilitar la distribución equitativa del 50-50 y fortalecer las autonomías departamentales, se propuso la creación de figuras denominadas ‘delegados presidenciales autonómicos’ en cada departamento. Estos delegados tendrían como función principal viabilizar el cumplimiento efectivo del sistema 50-50 y garantizar mayor libertad para las gestiones autonómicas. Asimismo, demandan la “liberación” plena de competencias autonómicas mediante una revisión exhaustiva de leyes y decretos vigentes que actualmente limitan o restringen el desarrollo regional.
El conflicto generado pone sobre la mesa un debate fundamental sobre el modelo político-administrativo vigente en Bolivia y la relación entre el nivel central y las regiones con estatutos autónomos. Más allá del episodio puntual con Barrientos, esta situación refleja tensiones históricas sobre cómo se distribuyen los recursos públicos y quién tiene legitimidad para decidir sobre ellos. Para una región como Santa Cruz —que ha sido protagonista en la lucha por mayores grados de autonomía— estos hechos representan un desafío directo a sus aspiraciones y derechos conquistados mediante procesos sociales prolongados.
En definitiva, este episodio evidencia las complejidades inherentes al proceso autonómico boliviano y plantea interrogantes sobre las vías adecuadas para lograr un balance efectivo entre unidad nacional y reconocimiento pleno a las particularidades regionales. La insistencia en mantener modelos centralistas podría generar nuevas fracturas políticas e institucionales si no se atienden con diálogo respetuoso e inclusivo las demandas legítimas expresadas desde los departamentos autónomos. El futuro del sistema 50-50 será entonces clave para definir si Bolivia avanza hacia una descentralización real o perpetúa tensiones estructurales entre centro y periferia
