El proyecto conocido como Ciudad Inteligente, puesto en marcha en 2018 durante la administración del exalcalde Rodrigo Paz Pereira, representó una de las inversiones más significativas en seguridad ciudadana para el municipio en la última década. Sin embargo, su ejecución ha estado marcada por controversias y cuestionamientos sobre su efectividad y transparencia.
Un concejal municipal ha expresado su preocupación por la falta de resultados de la auditoría del proyecto, señalando que la iniciativa no ha logrado sus objetivos. Se ha observado que una parte considerable de las cámaras de vigilancia instaladas se encuentran inoperativas. El edil ha instado a un pronto esclarecimiento de la situación para determinar responsabilidades, apuntando directamente al exalcalde, quien actualmente es candidato a la presidencia.
En respuesta a estas críticas, el exsecretario municipal de la época ha defendido el proyecto, afirmando que muchas de las acusaciones son infundadas y que posee documentación que respalda la correcta licitación y ejecución. Según su versión, una revisión realizada por el Ministerio de Gobierno en 2022 confirmó la solidez del proyecto, aunque se identificó la necesidad de mantenimiento para las cámaras, las cuales, hasta ese momento, funcionaban adecuadamente. Explicó que la fase de seguridad ciudadana concluyó en 2019, y tras la salida del exalcalde en octubre de 2020, el proyecto, concebido como una solución llave en mano, aún estaba bajo la administración de la empresa ejecutora, con un plazo de dos años para gestión y capacitación.
La inversión total ascendió a 94 millones de bolivianos, y el exsecretario detalló que el proyecto abarcaba múltiples componentes, incluyendo seguridad ciudadana, videovigilancia, y aspectos educativos y de salud, conformando una iniciativa integral de ciudad inteligente.
Un punto crítico en el desarrollo del proyecto fue la retirada de la Gobernación, que inicialmente debía aportar 45 millones de bolivianos, una suma idéntica a la del municipio. Esta decisión se produjo en medio de una denuncia presentada por un exsenador, la cual, aunque posteriormente fue desestimada por el Ministerio Público, llevó a la Gobernación a argumentar falta de recursos. Ante esta situación, el municipio negoció con la empresa para reducir el alcance del proyecto, resultando en un acuerdo donde la Gobernación se comprometió a pagar 8 millones de bolivianos, de los cuales se habrían desembolsado 4 millones. Esto derivó en la modificación del contrato y la supresión de algunos componentes. La entrega formal del proyecto, según el exsecretario, no pudo realizarse durante la gestión del exalcalde Paz debido a los plazos contractuales de la empresa, debiendo concretarse en la gestión subsiguiente.
Respecto a las licencias de operación, el exsecretario municipal afirmó que estas fueron solicitadas durante la gestión del exalcalde Paz, y que la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) incluso concedió una frecuencia para la operación del sistema. Sostuvo que parte de los fondos pendientes de la Gobernación estaban destinados a la conclusión de los pagos de estas licencias temporales.
Sin embargo, un exdirector de la ATT ha refutado estas afirmaciones, indicando que la ley de telecomunicaciones exige la obtención de licencias de operación *antes* de la ejecución de un proyecto que involucre radios bases, fibra óptica y sistemas de internet. Aseguró que, tras una revisión en 2021, el municipio jamás solicitó la emisión de la licencia de operaciones, desmintiendo categóricamente las aseveraciones del exsecretario. El exdirector enfatizó que el proyecto no debió haber sido licitado ni ejecutado sin las licencias pertinentes, comparando la situación con la construcción de una escuela en un terreno sin papeles. Instó a la Fiscalía a investigar a fondo, señalando que el proyecto nunca tuvo autorización para la distribución de datos ni para la instalación de antenas o radios bases.
El exsecretario municipal replicó a estas declaraciones, citando un informe fiscal que, al desestimar la denuncia del exsenador, mencionaba que la empresa ya había solicitado el uso de una frecuencia específica en mayo de 2017, y que se les había concedido una, con la solicitud de limpiar la frecuencia de operadores ilegales. Esto, según él, demuestra la coordinación con la ATT y el Ministerio de Gobierno, además de la solicitud de homologación de equipos.
El concejal municipal lamentó que las exautoridades intenten justificar inversiones que, a su juicio, no han generado resultados, mientras la ciudad aún enfrenta necesidades básicas en servicios como agua potable, alcantarillado y salud. El exdirector de la ATT reiteró que la responsabilidad de obtener las licencias recaía en el municipio, como entidad pública, y no en la empresa, y que la falta de estas licencias impedía la compra de equipos, la realización de instalaciones y la distribución de datos.
Desde la perspectiva de las juntas vecinales, un dirigente del Distrito 9 calificó el proyecto como una estafa para Tarija desde su concepción, al carecer de estudios básicos y una dirección clara. Mencionó que, de un costo inicial superior a 80 millones de bolivianos, se gastaron alrededor de 55 millones tras suprimir una etapa del proyecto. Calculó que las 151 cámaras de vigilancia adquiridas habrían costado más de 300 mil bolivianos cada una en 2017, una cifra que consideró desproporcionada en comparación con los sistemas domésticos actuales. Calificó la instalación de fibra óptica y radios bases como un gasto innecesario, y afirmó que el proyecto no sirve absolutamente para nada desde 2017. Recordó que en 2023 se prometió una auditoría con resultados para junio de ese año, los cuales aún no se han presentado. También señaló que el representante legal de la empresa ejecutora indicó que el proyecto fue entregado con una nota de recepción al exalcalde.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado lamentó la demora en la auditoría, que no debería exceder los 90 días, sugiriendo una falta de voluntad para esclarecer el asunto. Expresó su preocupación por la falta de avances en el proceso penal y la necesidad urgente de los resultados de la auditoría, calificando la iniciativa como la inversión más desacertada de la gestión del exalcalde.
El actual alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija ha declarado que el proyecto Ciudad Inteligente nunca fue formalmente entregado a la Alcaldía ni a la policía, y que el asunto se encuentra ahora en manos de la justicia. Mencionó que se habría realizado una recepción del proyecto días antes de que asumiera su gestión, y que el tema debe ser abordado primero por la auditoría interna del municipio y luego por la justicia ordinaria. Se comprometió a consultar con la Auditoría Interna para informar sobre la fecha de conclusión de la auditoría de cumplimiento del proyecto
