La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), junto a organizaciones cívicas provinciales y representantes de la Nación Chiquitana, exigen al Gobierno una depuración y formalización urgente del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tanto a nivel nacional como en Santa Cruz. Señalan que funcionarios vinculados al anterior gobierno del MAS estarían protegiendo a grupos de avasalladores interculturales, responsables de actos violentos como la agresión al cacique de avanzada edad, Ricardo Peña.

En respuesta, el Ejecutivo anunció la renovación del personal del INRA en Santa Cruz, aunque no estableció plazos concretos para ejecutar esta medida. La Cidob ha fijado un plazo de 30 días para que se concrete la institucionalización del INRA; de no cumplirse, advierten con movilizaciones masivas que incluirían una marcha desde las tierras bajas del oriente hasta la ciudad de La Paz. La protesta surge ante la persistencia de usurpaciones territoriales y agresiones violentas contra comunidades indígenas, a pesar del cambio de gobierno.

El presidente de la Cidob, Tomás Candia, instó al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmand Lara a tomar medidas inmediatas, solicitando la designación de nuevos directores para el INRA nacional y departamental, y la remoción de funcionarios vinculados al MAS, quienes habrían emitido más de dos mil resoluciones que facilitan la entrega irregular de tierras en la Chiquitanía. La organización indígena manifestó su indignación y disposición a movilizarse si no obtienen respuestas en el plazo establecido.

Como muestra de protesta, la Cidob, junto a comunidades de la Chiquitanía y comités cívicos provinciales, inició una vigilia frente a las oficinas del INRA en Santa Cruz. Esta acción busca denunciar el ataque sufrido por el cacique Peña, que refleja la problemática constante de ocupaciones ilegales por parte de grupos interculturales.

Las comunidades indígenas denunciaron además la destrucción de viviendas, daño ambiental y una supuesta complicidad institucional que favorece a estos grupos y organizaciones afines al MAS. El gran cacique de la Nación Chiquitana, Carlos Alberto Urquiza, calificó el ataque contra Peña como un intento de asesinato y demandó la intervención urgente del Gobierno para designar nuevas autoridades en el INRA.

En caso de que no se realicen cambios en el INRA antes del 21 de febrero, el movimiento indígena, que agrupa a 34 pueblos, anunció que bloquearán carreteras y podrían movilizarse nuevamente hasta la sede gubernamental, exigiendo respeto a sus derechos territoriales y el fin de los avasallamientos.

En paralelo, representantes de la Cidob, los cívicos y caciques chiquitanos sostuvieron una reunión con la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, a quien expusieron detalladamente la situación derivada del ataque a Peña. Tras el encuentro, Barrientos informó que se acordó proceder con la remoción de todas las autoridades del INRA en Santa Cruz y llevar a cabo una auditoría exhaustiva para evaluar los títulos de tierras otorgados.

Desde la asunción del nuevo gobierno, la viceministra lidera un proceso de auditoría en las diez oficinas del INRA a nivel nacional y departamental, donde se han detectado irregularidades como tráfico de tierras y duplicación de títulos. Sin embargo, el avance en las investigaciones sobre avasallamientos se ha visto limitado por la falta de recursos.

La Nación Chiquitana abarca aproximadamente el 75% del territorio del departamento de Santa Cruz, con presencia en las provincias de San Ignacio de Velasco, Chiquitos, Ángel Sandoval, Ñuflo de Chávez y Germán Busch, lo que subraya la importancia de atender sus demandas para garantizar la protección de sus tierras y derechos