El sector del transporte en Bolivia se encuentra a la expectativa ante la convocatoria oficial para una reunión que busca abordar el tema del denominado “seguro solidario”, una iniciativa gubernamental destinada a resarcir los daños ocasionados por el uso de gasolina “desestabilizada” en vehículos. Este seguro ha sido planteado como una respuesta ante las numerosas afectaciones reportadas por choferes, quienes han sufrido desperfectos mecánicos atribuibles a la calidad deficiente del combustible suministrado.
Santos Escalante, dirigente de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, confirmó que asistirán al encuentro programado para el 25 de febrero, donde las autoridades presentarán detalles sobre este mecanismo de compensación. Sin embargo, manifestó una postura crítica y cautelosa debido a la falta de claridad en varios aspectos fundamentales del proceso. Escalante puntualizó que, aunque se espera que en esta reunión se socialice la información sobre el seguro, aún persisten interrogantes importantes que requieren ser explicados con precisión para garantizar un acceso efectivo y justo al beneficio.
Uno de los principales puntos de incertidumbre radica en los requisitos administrativos exigidos para que los propietarios de vehículos puedan acceder al resarcimiento. En particular, el dirigente destacó que uno de los criterios estipulados es que el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) debe estar registrado a nombre del dueño del vehículo. Esta condición representa un obstáculo para muchos choferes y transportistas, ya que un gran número no figura como propietarios formales sino que operan con poderes o documentos privados que los habilitan para conducir o gestionar los vehículos. Esta situación genera preocupación porque podría dejar fuera a un sector significativo del gremio que ha sufrido daños pero no cumple estrictamente con esa formalidad.
Además, otro aspecto crítico pendiente de definición es el tratamiento que recibirán aquellos casos en los cuales los vehículos ya hayan sido reparados antes de la implementación oficial del seguro solidario. Escalante enfatizó la necesidad de priorizar esta cuestión durante la reunión por su relevancia práctica: muchos transportistas tuvieron que asumir inmediatamente los costos derivados de las fallas mecánicas provocadas por la gasolina contaminada y requieren saber si podrán ser compensados retrospectivamente. La ausencia de información clara sobre si estas reparaciones serán reconocidas o reembolsadas añade incertidumbre y genera inquietud en el sector.
Estas inquietudes reflejan una demanda legítima por parte del gremio para contar con un mecanismo transparente, accesible y eficiente que permita mitigar el impacto económico negativo causado por problemas vinculados a la calidad del combustible suministrado en el país. La convocatoria a esta reunión también forma parte de una serie de encuentros entre representantes gubernamentales —especialmente del sector hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)— y los sectores afectados, quienes buscan establecer canales claros y directos para abordar las consecuencias derivadas del problema.
En paralelo a estas gestiones, YPFB ha anunciado medidas orientadas a mejorar el control y la calidad del combustible distribuido, incluyendo acciones como la limpieza periódica de tanques para evitar contaminación. Sin embargo, mientras estas iniciativas se consolidan, persiste la necesidad urgente de resolver cómo se brindará apoyo concreto a quienes ya sufrieron daños materiales debido al uso del combustible desestabilizado.
Este escenario pone en evidencia no solo las dificultades técnicas y administrativas implicadas en implementar un sistema efectivo de resarcimiento sino también la importancia social y económica que tiene para miles de trabajadores dependientes del transporte contar con garantías claras frente a contingencias originadas por factores externos ajenos a su voluntad. La reunión convocada representa una oportunidad clave para avanzar hacia soluciones consensuadas y justas que permitan restaurar la confianza del sector transportista en las instituciones encargadas de velar por sus derechos e intereses
