En un acto de protesta que refleja la creciente tensión entre el sector del transporte público y el Gobierno, los choferes afiliados a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia bloquearon la circulación vehicular en un punto estratégico de La Paz, específicamente en la avenida Mariscal Santa Cruz, en las inmediaciones de la plaza del Obelisco. Esta medida, que comenzó pasadas las 10:00 horas, se llevó a cabo con el propósito de presionar para obtener una respuesta oficial respecto al resarcimiento por los daños ocasionados por el uso de gasolina desestabilizada, un problema que ha afectado directamente a sus vehículos y, por ende, a su fuente de ingresos.
La movilización no se limitó únicamente al bloqueo; los choferes anunciaron que mantendrán una vigilia constante tanto antes como durante la reunión pactada con representantes gubernamentales para discutir el denominado “Seguro Solidario”. Este mecanismo busca ofrecer una compensación económica a quienes han sufrido perjuicios debido al combustible adulterado o defectuoso que circuló en el país. La convocatoria oficial para este encuentro fue confirmada a través de una nota de invitación a la que tuvo acceso la red UNITEL. El encuentro estaba programado para las 11:00 horas en el auditorio del Centro de Comunicaciones, ubicado justo frente a la plaza del Obelisco, lugar que se convirtió en epicentro de esta protesta.
El contexto en torno a este conflicto tiene raíces en las denuncias recibidas desde diferentes departamentos del país, donde usuarios y choferes han reportado daños significativos en sus vehículos atribuidos al consumo de gasolina desestabilizada. Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la confederación, ha sido una voz activa en este reclamo y manifestó que continúa recabando quejas y evidencias sobre esta problemática. En entrevistas recientes, Gómez señaló que solicitará al Gobierno un informe detallado sobre el alcance y las consecuencias del ingreso y distribución del combustible afectado.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los conductores afectados, quienes dependen diariamente del buen estado técnico de sus vehículos para sostener su actividad laboral. La presencia constante y vigilante durante la reunión con autoridades refleja no solo una demanda por justicia económica sino también la necesidad de transparencia y claridad sobre los procedimientos que se implementarán para garantizar el resarcimiento.
Por otro lado, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad encargada del suministro energético nacional, se ha señalado desconocer la cantidad exacta de gasolina desestabilizada que ingresó al país. Esta declaración añade otro nivel de complejidad al problema, ya que sin datos precisos sobre el volumen y distribución del combustible afectado es más difícil establecer responsabilidades claras o diseñar mecanismos efectivos para compensar a los perjudicados.
Tras finalizar esta reunión entre los choferes y representantes gubernamentales, se informó que las protestas fueron levantadas temporalmente. Sin embargo, se anunció también que el sistema formal para el resarcimiento económico por daños causados por la gasolina desestabilizada será implementado hasta el viernes siguiente. Durante esta cita oficial se espera que las autoridades no solo entreguen informes pormenorizados sino también expliquen detalladamente cómo funcionará el registro digital para acceder a las compensaciones. Este proceso digital pretende facilitar y transparentar el trámite para los afectados.
En definitiva, este episodio pone en evidencia un conflicto social ligado a problemas técnicos dentro del sector energético nacional y sus repercusiones directas sobre uno de los sectores laborales más importantes: los conductores del transporte público. La movilización y vigilancia constante reflejan la urgencia con la cual estos trabajadores exigen respuestas claras y soluciones concretas ante una situación que amenaza su estabilidad económica y laboral. Además, pone sobre la mesa desafíos institucionales relacionados con la supervisión del combustible distribuido y la capacidad estatal para responder eficazmente ante crisis similares en el futuro
