El proyecto de la carretera Choere-Acheral, un tramo vital en la conexión entre Tarija y Yacuiba, ha experimentado un notable incremento en su presupuesto original, alcanzando una cifra que supera con creces la estimación inicial. Esta situación, junto con los retrasos en su finalización, ha sido objeto de preocupación y denuncia por parte de un legislador departamental.
Inicialmente proyectado con una inversión de 60 millones de bolivianos, el costo de la obra ha escalado a más de 102 millones de bolivianos. Este aumento se atribuye a la aprobación de cuatro contratos modificatorios durante la ejecución del proyecto. El asambleísta José Yucra ha señalado que, a pesar de la significativa inyección de fondos adicionales, no se habrían considerado ciertas observaciones técnicas presentadas por ingenieros, las cuales buscaban mejorar la calidad de la infraestructura. Asimismo, se ha puesto en tela de juicio el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), lo que sugiere la presencia de irregularidades en el proceso.
El plazo original para la entrega de la carretera asfaltada y concluida era el 18 de octubre. Sin embargo, el proyecto ha sufrido una extensión de 50 días, postergando la fecha de finalización hasta el 20 de diciembre. El legislador ha manifestado que tanto la constructora Arce Lema como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habrían mostrado resistencia a cualquier tipo de fiscalización. Se ha reportado que profesionales que expresan críticas o formulan sugerencias sobre la obra son, presuntamente, apartados de sus funciones o reemplazados.
Según la información proporcionada por el asambleísta, los cambios de personal, incluyendo a los profesionales que inicialmente se adjudicaron la ejecución del proyecto, provienen de la dirección nacional de la ABC en La Paz. Entre las anomalías detectadas, se mencionan el incumplimiento de los plazos establecidos y de las especificaciones técnicas iniciales.
Una de las acusaciones más graves se refiere a la presunta facturación de trabajos que no habrían sido realizados. El legislador ha presentado documentación que, según afirma, evidencia el cobro por movimiento de tierras por un valor de 4 millones de bolivianos, aunque estas labores no se habrían ejecutado en la práctica.
Ante la gravedad de estas revelaciones, el asambleísta ha anunciado su intención de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía departamental. El objetivo es que se inicie una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Además, ha adelantado que solicitará una auditoría técnica y legal completa del proyecto una vez que este sea concluido. Las posibles imputaciones que se contemplan incluyen delitos como incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y encubrimiento de las presuntas irregularidades
