En la madrugada de este jueves, Chile experimentó un significativo incremento en los precios de la gasolina y el diésel, una medida anunciada por el gobierno de José Antonio Kast que ha generado una fuerte reacción en la población. Con esta alza, que se sitúa en un 32% para la gasolina y en un 62% para el diésel, se ha marcado un hito en la historia del país, convirtiéndose en uno de los aumentos más importantes de todos los tiempos. Esta situación ha llevado al nuevo presidente a promulgar su primera ley con medidas paliativas, enfocadas en mitigar el impacto del aumento en el costo de vida.
La normativa fue aprobada por amplia mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados la noche del miércoles, a pesar de las intensas discusiones que precedieron su aprobación. Entre las principales disposiciones se encuentra la implementación de medidas transitorias destinadas a contener el precio del keroseno doméstico, un combustible esencial para calefacción durante las temporadas frías. El gobierno está listo para promulgar esta ley con urgencia, buscando evitar que el precio del keroseno se dispare aún más.
El anuncio del aumento fue realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien explicó que los precios pasarían a ser de 0,41 dólares por litro (equivalente a 370 pesos chilenos) para la gasolina de 93 octanos y 0,64 dólares por litro (580 pesos chilenos) para el diésel. Este último es especialmente utilizado por camiones y otros vehículos comerciales esenciales para la economía chilena.
La respuesta ciudadana no tardó en llegar. Desde horas tempranas tras el anuncio, se registraron largas filas en gasolineras a lo largo del país mientras los conductores intentaban abastecerse antes de que los precios aumentaran aún más. Las manifestaciones comenzaron a surgir rápidamente, evidenciando un descontento generalizado hacia el nuevo gobierno. La ministra de Energía, Ximena Rincón, intentó calmar las preocupaciones asegurando que no habría desabastecimiento a pesar de algunos casos aislados en los que ciertas estaciones suspendieron su servicio por falta de combustible.
En medio de este clima tenso, se han llevado a cabo protestas que incluyeron cacerolazos en varios barrios de Santiago y manifestaciones frente a estaciones del metro, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio por motivos de seguridad. La situación ha puesto al gobierno bajo presión y ha llevado a un debate sobre cómo manejar las consecuencias económicas derivadas del aumento del costo del combustible.
Además de las medidas paliativas para contener el costo del keroseno doméstico, la nueva ley contempla bonos destinados a aliviar el impacto sobre taxis, colectivos y transporte escolar. Este último aspecto fue añadido tras un debate considerable y busca eximir a pequeñas y medianas empresas (pymes) de cargas tributarias adicionales relacionadas con el aumento del combustible.
Por otro lado, se anunció un congelamiento hasta fin de año del precio del transporte público solo en la región Metropolitana; sin embargo, esta medida no se aplicará al resto del país. La Asociación de Buses Interurbanos (ABI A.G.) alertó sobre las repercusiones inmediatas que tendrán estos aumentos sobre los pasajes interurbanos, estimando incrementos entre un 35% y un 45%. Esto es especialmente preocupante dado que estas rutas son utilizadas por millones de pasajeros anualmente.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones también expresó su preocupación ante este panorama económico adverso. Según sus estimaciones, el aumento significativo en los costos del diésel impactará directamente sobre los precios finales al consumidor debido al alto porcentaje que representa el combustible dentro del costo total del servicio logístico.
A medida que avanza la jornada tras este anuncio drástico y las primeras manifestaciones comienzan a tomar forma, queda claro que este incremento en los precios está generando una gran incertidumbre entre los ciudadanos chilenos y plantea serios desafíos al nuevo gobierno frente a una economía ya afectada por diversas dificultades.
