Ante un panorama de creciente preocupación por el estado del sistema de salud, el Consejo Social Departamental de Salud de Tarija ha convocado una reunión de emergencia para este viernes. La medida surge en respuesta a una serie de desvinculaciones laborales que han afectado a los profesionales del sector, generando una situación crítica en la atención a la ciudadanía.
Se ha confirmado el cese de contratos de más de 21 trabajadores de la salud solo en la provincia de Cercado, quienes ocupaban plazas financiadas directamente por la gobernación. A nivel departamental, se estima que existen más de 600 de estas posiciones, de las cuales una proporción significativa ha sido objeto de despidos. Esta ola de cesantías se enmarca en un contexto donde, a lo largo del año, la máxima autoridad departamental había anticipado recortes de personal, y la Asamblea Departamental facilitó este escenario al aprobar una ley que otorga al ejecutivo la potestad de ejecutar tales acciones.
La presidenta del Consejo Social Municipal de Salud de Tarija ha señalado la dificultad para establecer un diálogo con las autoridades sanitarias. Un intento de reunión de emergencia la semana pasada resultó infructuoso, ya que los principales responsables, incluyendo el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el encargado de la Red de Cercado, se encontraban ausentes, alegando periodos de vacaciones tras haber formalizado las notificaciones de despido. En respuesta, los comités locales y el consejo social se movilizaron hacia los centros de salud, solicitando la permanencia del personal, al menos mientras se desarrolla la campaña de vacunación contra el sarampión.
Las consecuencias de estas decisiones ya son palpables. Durante la semana pasada, numerosos centros de salud de primer nivel permanecieron cerrados, y se observó una notable saturación en el centro de salud San Antonio y en el hospital, donde una gran afluencia de personas buscaba atención médica. Esta situación ha sido descrita por algunos actores sociales como una masacre blanca, dada la vulnerabilidad en la que queda la población.
Existe una profunda frustración por la aparente falta de alternativas y soluciones por parte de las autoridades. Se percibe que, en lugar de buscar vías de resolución, se limitan a declaraciones públicas convenientes. La ausencia de reuniones interinstitucionales, como con la alcaldía, y la falta de gestiones ante el Ministerio de Salud para la posible migración de ítems (transferencia de la responsabilidad de las plazas a otros niveles de gobierno) son puntos de crítica. Mientras la gobernación atribuye la responsabilidad a los municipios, y estos a su vez al gobierno nacional, la población se encuentra en medio de un limbo de desatención. Se lamenta que el Sedes haya optado por la vía más sencilla del despido, en lugar de negociar la reubicación de las plazas.
Frente a este escenario, la reunión convocada para este viernes congregará a diversos consejos sociales y otros sectores de la comunidad. No se descartan futuras movilizaciones y protestas en las calles, considerando que la ley departamental que ampara estos despidos establece que, una vez entregado el memorándum, la decisión es irreversible.
Desde hace tiempo, los consejos sociales han insistido en la necesidad de celebrar un Congreso Departamental de Salud o una cumbre que reúna a las autoridades de los tres niveles de gobierno para abordar los problemas estructurales del sistema. Sin embargo, esta iniciativa ha perdido impulso, especialmente ante la proximidad de las elecciones nacionales. Las solicitudes al Ministerio de Salud no han recibido respuesta, y la renuncia del anterior presidente del Consejo Social Departamental de Salud también ha contribuido a la paralización de las gestiones. Se considera que, en el actual contexto preelectoral, cualquier esfuerzo en este sentido podría ser infructuoso, y se espera que, una vez superado el proceso electoral, se pueda retomar el ordenamiento del sistema de salud en Tarija. Los problemas acumulados a lo largo del tiempo han llevado a la región a un estado de caos sanitario, donde, además de la crisis de recursos humanos, se evidencia la ausencia de una rectoría departamental que garantice la organización y eficiencia del sector
