Un dictamen reciente de la Universidad Unión Bolivariana (UB), remitido a la Fiscalía de La Paz, ha determinado la inautenticidad de un certificado que supuestamente acreditaba a la magistrada Fanny Coaquira como docente en la carrera de Derecho de dicha institución. Este documento había sido utilizado en una acción de cumplimiento por Antonio de la Fuente y su representante legal, José Uriarte, con el propósito de solicitar a un juez de Coroico la suspensión de la jurista de su cargo titular en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como resultado de esta acción, De la Fuente y Uriarte enfrentan ahora cargos por uso de instrumento falsificado y falsedad material.

Este incidente ha sido identificado como el origen del denominado Caso Consorcio, una investigación que ya involucra a ocho personas. Entre los imputados se encuentran el exministro de Justicia César Siles, quien se encuentra bajo detención preventiva y hospitalizado; Iván Campero, magistrado suplente de Coaquira, con detención domiciliaria; Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, también con detención domiciliaria; y Claudia Castro, exvocal del mismo tribunal, quien permanece en detención preventiva y hospitalizada.

El informe de la UB, dirigido específicamente al fiscal Ramiro Sullcani, establece en su primer punto que en relación con la certificación adjunta, supuestamente emitida por la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Unión Bolivariana, se debe mencionar que, conforme a los reportes presentados por las unidades correspondientes, a saber: Jefatura de la Carrera de Derecho, Jefatura de la Carrera de Ciencias de la Educación y la Unidad de Recursos Humanos, ninguna de estas instancias habría emitido certificación alguna referente a un caso particular. Esto confirma que la estrategia legal diseñada para apartar a la magistrada Coaquira de su puesto se fundamentó en un documento espurio, cuyo origen preciso es conocido únicamente por De La Fuente. Este dictamen universitario forma parte de una segunda causa judicial iniciada a raíz de una denuncia de la propia magistrada Coaquira, quien recientemente compareció ante la Fiscalía en calidad de víctima para ratificar su posición y solicitar la ampliación de la investigación.

El documento de la UB también señala otras inconsistencias significativas. En su segundo punto, indica que la firma impresa sobre el nombre de una autoridad académica, en el certificado adjunto con número UB N.º 007, de fecha 14 de mayo de 2025, no corresponde a ninguna autoridad competente de la institución. Además, la universidad informó sobre otras irregularidades detectadas en la copia simple de la certificación que la Fiscalía les remitió para verificación. Se aclaró que la Carrera de Derecho y la Carrera de Ciencias de la Educación son dos jefaturas distintas, y no una sola, como se presenta en la copia cuestionada. Adicionalmente, el certificado empleado por De la Fuente y su abogado aparece firmado por el jefe de la Carrera de Ciencias de la Educación, Brayan Peñaloza. Sin embargo, se ha establecido que Peñaloza es en realidad director de la Carrera de Derecho, y la firma tampoco coincide con la suya. Por último, el lugar de expedición de la cédula de identidad de Peñaloza es La Paz, no Potosí, como erróneamente figura en la certificación objeto de controversia.

En un desarrollo relacionado, el 6 de junio, en el municipio de Coroico, el juez Marcelo Lea Plaza, quien actualmente se encuentra detenido en San Pedro, emitió una resolución que fue calificada de prevaricadora por los presidentes del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y del TSJ, Romer Saucedo, quienes actuaron como denunciantes.

Actualmente, Antonio de la Fuente se encuentra prófugo de la justicia, mientras que el abogado José Uriarte cumple detención domiciliaria. La defensa legal de Uriarte ha comunicado que aún no han sido notificados formalmente con la denuncia de la magistrada Coaquira, y que, en el caso de su cliente, la legislación vigente le otorga salvaguardas para el ejercicio de la abogacía, liberándolo de responsabilidad penal si De la Fuente fue quien proporcionó un documento fraguado para la acción de cumplimiento