En el marco de las conmemoraciones dedicadas a la mujer y la niñez, diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos barriales de Tarija llevaron a cabo una concentración frente a las instalaciones del Gobierno Municipal de Cercado. El propósito central de esta movilización fue demandar el restablecimiento de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) en las Estaciones Policiales Integrales (EPI), puntos clave para la recepción de denuncias de violencia sexual que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, la atención de estos delicados casos se concentra en la Defensoría de la Loma, una situación que, según los activistas, genera significativas barreras para las familias que buscan presentar una denuncia o recibir asistencia oportuna. La dificultad de acceso y el desplazamiento hasta esta ubicación centralizada complican el proceso, mientras que las EPIs, en su configuración actual, se limitan a gestionar únicamente casos de asistencia familiar.

La urgencia de esta reubicación se fundamenta en cifras alarmantes: la Fiscalía ha documentado 82 casos de agresiones sexuales en Cercado en lo que va del año. A nivel nacional, Tarija se posiciona en el cuarto lugar en cuanto a denuncias de violencia contra mujeres, niñas y niños, con un total de 2.325 casos registrados. A pesar de esta cruda realidad, se ha señalado un incumplimiento de la normativa que estipula la asignación del 25% del presupuesto destinado a la niñez para el funcionamiento de las Defensorías.

En los años 2022 y 2023, la ejecución presupuestaria para las DNA apenas alcanzó entre el 0.7% y el 0.8% del total requerido por ley, una cifra que contrasta drásticamente con el 25% establecido. La falta de datos actualizados sobre la inversión presente agrava la preocupación.

La escasez de recursos y la ausencia de personal especializado en estas instancias obstaculizan una atención adecuada a las víctimas, lo que a su vez contribuye a la impunidad en los casos de violencia sexual y doméstica. Los participantes en la movilización enfatizaron la necesidad imperante de que las Defensorías regresen a los barrios, donde su presencia es fundamental para garantizar una respuesta inmediata y efectiva ante cualquier acto de violencia que afecte a la niñez y adolescencia, y así asegurar que estos hechos no queden sin la debida sanción