La escasez de combustible se ha convertido en un desafío significativo en diversas provincias, con Caraparí particularmente afectada por esta problemática. En respuesta a la situación, el sector productivo de Caraparí ha acordado implementar medidas de control más estrictas destinadas a prevenir la desviación de combustible hacia mercados ilícitos.

Recientemente, se llevó a cabo una reunión clave en las instalaciones de la Central de Campesinos de Caraparí, congregando a representantes de la comunidad y a funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El propósito de este encuentro fue examinar a fondo las dificultades en el suministro de combustible y formular estrategias efectivas para mejorar tanto la distribución como la supervisión.

Entre las resoluciones adoptadas, se determinó que los residentes del municipio de Caraparí continuarían recibiendo hasta 50 litros de combustible, ya sea gasolina o diésel, en cumplimiento de la normativa vigente. Para las personas en tránsito, la venta de combustible en bidones se limitará a un valor de 20 bolivianos. Los vehículos matriculados en Caraparí están autorizados a adquirir hasta 500 bolivianos por transacción, mientras que los vehículos en tránsito tendrán un tope de 200 bolivianos para diésel y 100 bolivianos para gasolina. Estas disposiciones están diseñadas para asegurar un suministro constante a los usuarios legítimos y contrarrestar el comercio ilícito de hidrocarburos.

Durante las discusiones, los líderes locales expresaron considerable aprehensión respecto a la reventa no autorizada de combustible dentro de las comunidades y en las cercanías de las zonas fronterizas. Para abordar esta preocupación, se estableció un sistema según el cual las ventas de combustible se efectuarán basándose en listas oficiales compiladas por las organizaciones comunales y debidamente avaladas por sus respectivos dirigentes.

La ANH ha emitido una advertencia clara: cualquier individuo que sea descubierto participando en la reventa o compra irregular de combustible enfrentará acciones punitivas. Estas sanciones se aplicarán tanto al vendedor como al comprador. Además, se iniciará una investigación sobre la responsabilidad de los dirigentes que pudieran incluir nombres indebidos en estas listas oficiales.

Para reforzar estos esfuerzos de control, se han planificado operaciones conjuntas con la Policía Boliviana. Estas iniciativas se centrarán en intensificar la vigilancia a lo largo de las principales rutas que conectan Caraparí con Yacuiba, Bermejo y Tarija.

Un requisito fundamental estipula que cualquier persona que adquiera combustible en un bidón debe poseer la factura correspondiente. La omisión de presentar este documento resultará en la confiscación inmediata del combustible, y el caso será remitido a las autoridades legales competentes