Los aspirantes a la máxima magistratura del país han presentado recientemente sus plataformas en un foro dedicado a los derechos humanos y la protección social, delineando visiones que abordan desde el empoderamiento femenino hasta la reasignación de recursos estatales. Entre las propuestas recurrentes, destacan iniciativas para respaldar a las mujeres que lideran sus hogares y a las emprendedoras, planes para la inclusión financiera de las poblaciones indígenas y una reestructuración significativa del presupuesto público con miras a fortalecer la salud, la educación y la seguridad ciudadana.

Este encuentro, que congregó a ocho candidatos, contó con el respaldo de importantes gremios empresariales y de la prensa. Se anticipa un nuevo debate programado para el 12 de agosto en la ciudad de La Paz, el cual se centrará en las estrategias económicas de las diversas fuerzas políticas.

Un denominador común en varias intervenciones fue el compromiso con las mujeres. Un candidato propuso un plan denominado No estás sola, enfocado en prevenir el despido de mujeres jefas de hogar con responsabilidades de cuidado infantil. Otro postulante planteó exenciones fiscales por un lustro para nuevas empresas encabezadas por mujeres y jóvenes, además de reservar licitaciones estatales para estas iniciativas productivas.

En el ámbito de la violencia de género, un contendiente abordó la problemática de los feminicidios con un enfoque integral, que abarca el control del consumo de alcohol, la prevención de la violencia contra la mujer desde la educación escolar y la implementación de dispositivos de geolocalización para agresores. Este mismo candidato también propuso la inclusión económica de los pueblos indígenas, reconocidos como un sector vulnerable.

Respecto a la asignación presupuestaria, un aspirante sugirió destinar el 50% del Presupuesto General del Estado a salud, educación y seguridad ciudadana, complementado con la implementación de un salario universal dirigido a la mujer para incentivar la producción. En una línea similar de reasignación presupuestaria, otros dos candidatos defendieron la descentralización del sistema de salud, asegurando los recursos necesarios y transfiriendo competencias a municipios y gobernaciones para una gestión más eficaz y cercana a la ciudadanía.

Uno de ellos propuso asignar el 10% del Presupuesto General de la Nación a la salud e institucionalizar cargos en la Caja Nacional de Salud. El otro, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de contener la inflación que eleva el costo de los medicamentos y planteó un programa específico de apoyo a madres solteras.

En cuanto a la eficiencia del gasto público, un candidato propuso reducir el tamaño del aparato estatal para redirigir esos recursos a salud, educación y seguridad, prometiendo además mejorar la atención sanitaria mediante consultas a distancia. Otro postulante destacó la urgencia de implementar la telemedicina en todo el país, así como la provisión de paneles solares e internet satelital para docentes en zonas rurales, y la incorporación de materias como inteligencia artificial en el currículo escolar. Finalmente, un candidato se comprometió a profundizar los programas sociales existentes y a mantener los bonos sociales establecidos en administraciones anteriores