Antes de la realización de la segunda vuelta electoral en Bolivia, los funcionarios de la Embajada de Venezuela en La Paz abandonaron el país, un hecho que no corresponde a una decisión reciente ni del actual gobierno boliviano, según aclaró el canciller Fernando Aramayo.
El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la salida del personal diplomático venezolano ocurrió días antes del 19 de octubre de 2025, fecha en la que se llevó a cabo la segunda vuelta electoral. Subrayó que esta acción fue tomada por el Estado venezolano y no por Bolivia, y que el gobierno de Rodrigo Paz continúa monitoreando la situación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Además, se mostró dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas plenas cuando las condiciones lo permitan.
En la actualidad, el edificio que albergaba la Embajada de Venezuela en La Paz permanece prácticamente desocupado, sin presencia de representantes diplomáticos ni ciudadanos venezolanos. Se estima que los últimos funcionarios se retiraron durante los primeros días de noviembre, incluso antes de la asunción del presidente Rodrigo Paz. La última comunicación oficial de la legación fue el 1 de noviembre de 2025, informando la suspensión de trámites relacionados con pasaportes, apostillas y otros servicios del Saime (Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela).
Con este contexto, desde hace aproximadamente dos meses Bolivia no cuenta con representación diplomática oficial de Venezuela en su territorio. Sin embargo, el canciller Aramayo aseguró que la atención consular a los más de seis mil bolivianos residentes en Venezuela está garantizada. El Gobierno mantiene comunicación con la representación consular venezolana para brindar apoyo, incluyendo la posibilidad de facilitar el retorno de ciudadanos bolivianos desde Venezuela.
Respecto a la comunidad venezolana en Bolivia, se reconoció la falta de un registro detallado sobre su número y situación migratoria, debido a la ausencia de mecanismos de regularización en administraciones anteriores. El actual Gobierno está evaluando esta situación para implementar acciones que permitan identificar a los venezolanos residentes, su estatus legal y las condiciones de su permanencia en el país.
El canciller advirtió que se aplicará la normativa vigente para impedir que personas vinculadas al régimen anterior de Venezuela hagan un uso indebido de las políticas migratorias bolivianas. Bolivia se sumará a los esfuerzos regionales que buscan medidas similares, siempre respetando el marco legal.
Finalmente, el Ejecutivo reafirmó que su postura frente a la crisis venezolana se basa en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, manteniendo un enfoque diplomático y respetuoso de las normativas internacionales
