La comunidad agrícola del país enfrenta una profunda vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, una situación que, según un influyente líder de los irrigadores nacionales, no está siendo abordada con la urgencia necesaria. Esta falta de preparación se hizo dolorosamente evidente con las recientes y severas granizadas que azotaron la región de Tarija, causando estragos tanto en zonas urbanas como rurales.
Los productores, quienes dedican incontables horas a la tierra, se encuentran a merced de los desastres naturales, operando con un apoyo mínimo. Esta realidad subraya la ausencia de una estrategia integral para mitigar los riesgos climáticos. A pesar de las reiteradas solicitudes de la organización de regantes para implementar políticas preventivas, las iniciativas concretas por parte de los municipios, la gobernación y el gobierno central han sido insuficientes, dejando a los agricultores desprotegidos frente a fenómenos como las granizadas que devastan sus cultivos.
Ante las pérdidas, se ha solicitado una cooperación inmediata para los afectados, con el fin de permitirles recuperar su capacidad productiva. Esta asistencia es crucial no solo para la subsistencia de las familias campesinas, sino también para evitar un alza significativa en los precios de productos esenciales como la papa, las hortalizas y el maíz hacia finales de año.
Respecto a programas de ayuda como el Prosol, si bien reconocen su utilidad, los representantes del sector agrícola argumentan que su alcance es limitado. Dado que los campesinos suelen realizar hasta tres cosechas al año, un único aporte económico no cubre la magnitud de las pérdidas ni garantiza la sostenibilidad a largo plazo. Lo que el sector realmente demanda son garantías para producir y asegurar el abastecimiento alimentario de la población, lo que implica una inversión en equipamiento para la prevención de desastres, incluyendo sistemas de alerta temprana y bombas antigranizo.
Las consecuencias de las granizadas son de público conocimiento, con pérdidas que frecuentemente superan el 80% de la producción, lo que impide la recuperación y el suministro. Existe una marcada discrepancia entre las declaraciones oficiales sobre el apoyo al sector productivo y la realidad que experimentan los agricultores. Proyectos largamente anunciados, como el radar meteorológico, parecen no haber avanzado, dejando a los productores en la incertidumbre.
La agricultura es una actividad de alto riesgo, donde los productores deben enfrentar no solo granizadas, sino también heladas, riadas y, de manera creciente, sequías. La necesidad de infraestructuras para la gestión del agua, como diques, atajados y presas, ha sido una demanda constante para almacenar el recurso vital. La preocupación es latente: si hoy se sufre por granizadas, mañana la amenaza podría ser la escasez de agua. Esta paradoja se manifiesta incluso en comunidades cercanas a centros urbanos, como Tablada Sur, donde la falta de agua potable es una realidad, a pesar de su proximidad a la ciudad y a zonas de influencia de importantes proyectos hídricos
