Una iniciativa del Presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, ha puesto en la agenda legislativa la consideración de uno de los acuerdos de explotación de litio suscritos por el Gobierno este año, buscando su pronta ratificación en la Asamblea. Esta decisión se ha tomado sin que existan acuerdos políticos previos y, según se ha señalado, sin adherirse completamente a las directrices de una reciente resolución judicial.
Voces de la oposición han manifestado su sorpresa ante esta medida. Un representante de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, indicó que esta acción constituye una determinación independiente del titular de la Cámara, ajena a las mesas de diálogo y concertación que se habían establecido previamente en la vicepresidencia.
La sesión parlamentaria, convocada para este jueves a partir de las 09:00 horas, contempla, además del contrato de litio, la revisión de dos acuerdos de crédito por un monto combinado de 174.8 millones de dólares, provenientes de Fonplata y la CAF. El documento específico que se someterá a debate es el Contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni del departamento de Potosí Bolivia, formalizado el 26 de noviembre de 2024 entre la empresa pública nacional estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la sucursal boliviana de Hong Kong CBC Investment Limited.
La inclusión de este contrato en la agenda también genera interrogantes en relación con un mandato judicial emitido a principios de junio. En aquella ocasión, el juzgado Mixto Civil y Comercial de Colcha K, Potosí, desestimó una acción popular presentada por la Central Única de Comunidades Originarias de Nor Lipez, lo que resultó en el levantamiento de la paralización que pesaba sobre los dos contratos de litio firmados por YLB con empresas de China y Rusia.
No obstante, la misma resolución judicial contenía una exhortación explícita a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, de manera urgente e inmediata, elaborara y aprobara una ley general de consulta previa. El propósito de esta normativa sería garantizar los derechos de las comunidades indígena originario campesinas, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Constitución Política del Estado. A pesar de esta indicación judicial, la Asamblea no ha avanzado en la creación de dicha ley de consulta previa.
Desde la bancada opositora, se ha anticipado un rechazo contundente a cualquier contrato de litio que se intente aprobar bajo estas circunstancias. Argumentan que el tema no fue parte de las discusiones previas y que su inclusión en la agenda de esta manera es inaceptable
