Desde su reclusión en el penal de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha reafirmado su pleno respaldo político a la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina, líder de la alianza Unidad. El apoyo del mandatario cruceño se fundamenta en la convicción de que Doria Medina representa la única opción viable para superar la compleja situación que atraviesa el país.

El pronunciamiento de Camacho surge en respuesta a la difusión de un audio falsificado en diversas plataformas digitales, cuyo objetivo aparente es generar confusión en la recta final del proceso electoral. Dicha grabación, según lo expresado por el gobernador, buscaría vincularlo con otras propuestas políticas ajenas a su postura.

Aunque no identificó explícitamente a los responsables, Camacho dirigió sus críticas hacia sectores que, según sus afirmaciones, habrían solicitado previamente su detención para evitar desventajas electorales en Santa Cruz. El líder cruceño ha denunciado que estas mismas facciones, ante un escenario desfavorable, ahora recurren a estrategias de desprestigio dirigidas tanto hacia su persona como hacia el entorno familiar de Doria Medina.

El gobernador ha condenado enérgicamente lo que describe como una guerra sucia orquestada por una alianza política que, tras haber intentado mantenerlo bajo custodia para asegurar su posición en Santa Cruz, ahora arremete con ataques personales al percibir una posible derrota. Asimismo, ha advertido que el desafío actual no se limita únicamente a la confrontación con el partido oficialista, sino que también abarca a aquellos que emulan sus tácticas.

Con miras a los comicios presidenciales del próximo 17 de agosto, que podrían significar un cambio en la administración gubernamental, el mensaje concluye con un llamado a la acción. La candidatura de Doria Medina ha concitado el respaldo explícito de diversas figuras de la oposición en las últimas semanas, consolidando su presencia en el eje central del país. La denuncia de Camacho se suma a la creciente inquietud por la proliferación de contenidos manipulados o carentes de verificación, los cuales podrían comprometer la integridad y transparencia del proceso electoral