Durante la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados de Bolivia ratificó el informe conclusivo elaborado por la Comisión Especial encargada de investigar supuestas anomalías en el suministro de combustibles por parte de la subsidiaria Botrading a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Tras su aprobación, el documento fue remitido a la Contraloría General del Estado para las acciones correspondientes.

Este proceso investigativo se ha extendido por varios meses. Legisladores que formaron parte de la comisión expresaron su satisfacción por la culminación de este procedimiento, destacando la importancia de la ratificación del informe por parte del pleno de la Cámara Baja, un paso que se logró tras una persistente insistencia para su tratamiento.

Botrading, una empresa estatal boliviana y subsidiaria de YPFB, tiene como objetivo la comercialización internacional y la logística de productos energéticos, como el combustible, buscando optimizar costos y competir en el mercado. Sin embargo, ha sido objeto de escrutinio debido a denuncias que apuntan a posibles sobreprecios, irregularidades y la presunta existencia de una empresa fantasma en Paraguay.

Ante este escenario, en marzo de la presente gestión se constituyó una instancia legislativa especial con un mandato inicial de sesenta días. Esta comisión estuvo presidida por el diputado José Luis Flores Colquillo e integrada por sus colegas Miriam Martínez y Lidia Tupa, Enrique Urquidi y Carlos Alarcón, además de Rosa Áñez. Su creación se fundamentó en alegaciones sobre contratos anómalos entre YPFB y Botrading, esta última actuando como intermediaria en la adquisición de combustibles del exterior.

En el marco de sus labores, entre el 21 y el 24 de abril, la comisión recabó testimonios de autoridades de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos. Posteriormente, el 30 de abril, se extendió una invitación a ciudadanos, autoridades e instituciones para aportar información relevante al caso. Aunque se convocó a cuatro representantes de YPFB y Botrading, únicamente compareció Joel Antonio Callaú, gerente general de YPFB Logística. En la fase final de la investigación, la comisión analizó documentación adicional remitida por YPFB y una denuncia ciudadana, elementos que sirvieron de base para la elaboración del dictamen conclusivo.

El 27 de mayo, la Comisión Especial aprobó por unanimidad su informe final y lo remitió al pleno camaral para su consideración. Transcurrieron más de tres meses hasta que la Cámara de Diputados procedió a su tratamiento y aprobación en la jornada del viernes.

Entre las principales conclusiones del informe se destaca un perjuicio económico estimado en 355 millones de dólares. El documento señala que las utilidades percibidas por Botrading en 2023 y 2024, que ascienden a 56 millones de dólares, son consideradas un daño, ya que YPFB habría podido gestionar directamente la contratación de proveedores sin necesidad de intermediarios.

Asimismo, el informe alude a la existencia de contratos irregulares. Se menciona que, de un conjunto de acuerdos, solo doce contratos fueron debidamente registrados, pero se detectó un contrato adicional que resultó en un desembolso de 10 millones de dólares sin reporte ni registro formal, apareciendo únicamente en planillas de pago, lo que lo califica como un acuerdo contractual sin respaldo documental.

Otro punto relevante son los supuestos pagos improcedentes. Se identificaron casos en los que se efectuaron pagos por diésel amparándose en contratos que estaban destinados a la adquisición de crudo, como el contrato 52, donde se desembolsaron 5 millones de dólares carentes de justificación. El informe también aborda la presencia de márgenes excesivos, opacidad en las operaciones y procesos de facturación anómalos.

La aprobación del informe por parte de la Cámara de Diputados implica su remisión a la Contraloría General del Estado, con la instrucción de que, de confirmarse la existencia de indicios delictivos, se proceda a la derivación del expediente al Ministerio Público y se ordenen auditorías forenses exhaustivas. Adicionalmente, se dispuso el envío del informe al Presidente del Estado para que evalúe la implementación de acciones preventivas y correctivas ante los hallazgos.

Paralelamente, la Fiscalía de La Paz mantiene abierta una investigación penal contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, relacionada con la supuesta constitución y funcionamiento anómalo de la empresa Botrading S.A. en Paraguay, una pesquisa iniciada en octubre. Se espera que el informe aprobado por el pleno legislativo potencie la labor investigativa del Ministerio Público.

En cuanto al proceso en la Contraloría, si bien no existe un plazo preestablecido para su desarrollo, algunos análisis sugieren que la coyuntura política actual, marcada por un inminente cambio de administración gubernamental el 8 de noviembre, podría influir positivamente. Se argumenta que un nuevo titular en dicho ente fiscalizador podría ofrecer mayores garantías para la realización de auditorías profundas y exhaustivas