Los cuerpos de Bomberos Voluntarios y diversas organizaciones dedicadas a la prevención y combate de incendios forestales están impulsando la creación de un marco regulatorio para la Ley N° 449. Su objetivo principal es salvaguardar su autonomía operativa, impidiendo que funcionarios designados por criterios políticos menoscaben su labor, y al mismo tiempo, asegurar la capacidad de estas unidades para adquirir y mantener su propio equipamiento.
Esta iniciativa ha recibido un impulso significativo tras un reciente pronunciamiento del Tribunal Agroambiental, el cual dictó medidas cautelares que obligan a las autoridades nacionales y subnacionales a ejecutar acciones concretas para contener los incendios forestales. La resolución judicial es percibida como un catalizador, dado que uno de sus artículos insta explícitamente a la revisión de las normativas que rigen el desempeño de los bomberos.
La Ley de Bomberos N° 449, promulgada en 2013, es considerada por algunos críticos como desequilibrada, argumentando que su articulado favorece desproporcionadamente a las unidades de Bomberos dependientes de la Policía. Un abogado y bombero voluntario, quien forma parte de este cuerpo junto a su hermano, ha estado promoviendo activamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de un reglamento que complemente dicha ley. Esta reglamentación busca proteger al sector voluntario de injerencias políticas, administrativas y operativas.
Otro aspecto fundamental que se persigue con esta nueva normativa es establecer un respaldo legal que permita a los Bomberos Voluntarios obtener equipos e insumos de manera independiente. Esto les facultaría para operar eficazmente ante cualquier siniestro, sin la necesidad de depender de las estructuras policiales.
La necesidad de esta reglamentación se hizo patente tras un intento reciente por parte de una autoridad del Viceministerio de Seguridad Ciudadana de elaborar un reglamento que, según los afectados, buscaba subordinar administrativa y operativamente a los Bomberos Voluntarios bajo la órbita de los Bomberos de la Policía. Los representantes de los voluntarios afirman haber solicitado en múltiples ocasiones su inclusión en mesas técnicas para la elaboración de la reglamentación, dada su condición de actores directamente implicados; sin embargo, sus observaciones fueron consistentemente desestimadas. Afortunadamente, los esfuerzos para detener la progresión de aquel proyecto de ley resultaron exitosos.
En un contexto relacionado, se ha señalado que, a pesar de la conminatoria de 48 horas emitida por el Tribunal Agroambiental para que las autoridades cumplan con las medidas cautelares –incluso bajo la advertencia de ser procesados por la vía ordinaria–, la respuesta ha sido insuficiente. La situación actual se limita a una declaratoria de emergencia a nivel departamental y una alerta roja a escala nacional, lo que, según las organizaciones, demanda una movilización de recursos mucho mayor. También han surgido cuestionamientos sobre la gestión de fondos destinados a emergencias, con menciones a que un crédito de 75 millones de dólares de la CAF, inicialmente previsto para inundaciones, habría sido completamente utilizado
