El Gobierno boliviano implementa medidas para proteger la seguridad alimentaria y la economía nacional.
Ante el aumento del contrabando de alimentos hacia países vecinos, Bolivia ha reforzado los operativos en zonas fronterizas para evitar el desabastecimiento interno y la escalada de precios en los mercados locales.
La protección de la seguridad alimentaria y de la economía nacional se ha convertido en una prioridad para el Estado boliviano, ante la creciente salida ilegal de productos nacionales hacia países vecinos. En respuesta a esta situación, el Gobierno ha intensificado los operativos de control en zonas fronterizas para frenar el contrabando de alimentos declarados como sujetos a protección específica, como el arroz, azúcar, aceite, harina, carne de pollo y res, huevos y otros productos esenciales.
Esta medida, que busca evitar el desabastecimiento interno y frenar el alza de precios en los mercados locales causada por la extracción ilegal, se fundamenta en la Resolución N° 001/2025 del Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad (CDFS), en cumplimiento del Decreto Supremo N° 5245. En esta resolución se detalla una lista de alimentos nacionales sujetos a protección específica, entre los que se encuentran alimentos básicos como arroz, azúcar, harina de trigo, aceite de soya, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, huevos de gallina, tomate, maíz amarillo, soya en grano y arroz en chala.
La normativa prohíbe la salida de estos productos del país sin la autorización correspondiente, estableciendo severas sanciones para quienes infrinjan esta disposición. Según el Artículo 181 nonies del Código Tributario Boliviano, el contrabando de exportación agravado incluye la extracción, intento de extracción, almacenamiento o transporte de estos alimentos dentro de los 50 kilómetros de la frontera sin autorización, con penas que van de 10 a 14 años de prisión, además del comiso de los alimentos y la confiscación de los vehículos utilizados en la actividad ilegal.
El control de este tipo de contrabando está a cargo de varias instituciones del Estado, siendo el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) el ente operativo principal, en coordinación con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando (VLCC) y el respaldo de las Fuerzas Armadas. Estas instituciones cuentan con la facultad de realizar aprehensiones, decomisos y, en casos extremos, utilizar la fuerza e incluso armas de fuego en la zona fronteriza, donde operan las redes de contrabando organizadas.
En los operativos, en caso de identificar un posible caso de contrabando agravado, se procede a la aprehensión de los implicados, el comiso de los productos y los instrumentos del delito, además de firmar un Acta de Comiso. Posteriormente, se notifica al Ministerio Público para que asuma la dirección de la investigación y a la Aduana Nacional para presentar la denuncia formal ante el fiscal y dar inicio al proceso penal correspondiente. La lucha contra el contrabando de alimentos se mantiene como una prioridad para el Gobierno boliviano en su afán por proteger la seguridad alimentaria y la economía nacional.
La lucha contra el contrabando de alimentos se ha convertido en una prioridad para el Estado boliviano, que busca proteger la seguridad alimentaria y la economía nacional a través de medidas de control en las fronteras.
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