La reciente modificación legislativa que obliga a las exautoridades nacionales y regionales a permanecer en el territorio nacional durante un período de seis meses tras la finalización de sus mandatos ha generado un amplio debate en el ámbito político y social. Esta medida, establecida por la Ley 1709 que reformó la Ley 1352, amplía significativamente el plazo original de tres meses y afecta a más de cinco mil funcionarios públicos en distintas instancias del Estado.

El alcance de esta normativa es amplio y abarca a los principales cargos del Ejecutivo y Legislativo, incluyendo al presidente, vicepresidente, ministros de Estado, senadores y diputados, así como a las autoridades regionales como gobernadores departamentales, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales. Además, se extiende a las máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas mixtas y privadas que administran recursos fiscales. La finalidad declarada es garantizar la permanencia en el país para rendir informes necesarios a las autoridades entrantes, promoviendo la transparencia y protegiendo los intereses estatales.

En el nivel central, la medida afecta a más de cuatrocientas personas, considerando los 350 asambleístas titulares y suplentes, junto al expresidente, exvicepresidente y los ministros que conformaron el gabinete. Estos deberán permanecer hasta mayo próximo debido a que sus mandatos concluyeron en noviembre del año anterior. Por otro lado, en el ámbito territorial autónomo se contabilizan casi cinco mil autoridades entre gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales que finalizarán su gestión en mayo y quienes tienen prohibido salir del país hasta noviembre.

El contexto político en el que se promulgó esta ley está vinculado a las investigaciones fiscales por indicios de corrupción relacionadas con el gobierno anterior. Sin embargo, la aplicación no se limita a un solo partido o administración política; la norma se extiende a todas las fuerzas políticas que han ejercido cargos públicos bajo distintos gobiernos. Esto ha sido señalado por algunos legisladores como un mecanismo justo para asegurar la rendición de cuentas independientemente del origen partidario.

No obstante, la norma no ha estado exenta de críticas. Algunos parlamentarios consideran que el plazo de seis meses es razonable para garantizar transparencia financiera y administrativa al concluir una gestión. Por ejemplo, uno de los diputados implicados valoró positivamente esta extensión temporal bajo la premisa de mantener claras las cuentas públicas. Sin embargo, otros sectores han manifestado su preocupación por posibles vulneraciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad personal.

Una diputada opositora expresó su rechazo argumentando que esta medida podría afectar injustamente incluso a aquellos funcionarios sin acceso directo al manejo de recursos públicos. También advirtió sobre situaciones excepcionales como emergencias médicas que podrían verse perjudicadas por esta prohibición de salir del país. La crítica apunta hacia una posible rigidez excesiva e indiscriminada que podría impactar derechos humanos básicos.

En resumen, esta normativa representa un intento legislativo por fortalecer mecanismos de control y transparencia en la administración pública boliviana tras períodos gubernamentales complejos marcados por investigaciones judiciales. Su aplicación masiva sobre miles de exautoridades refleja una decisión estatal orientada a resguardar los intereses públicos mediante restricciones temporales específicas postmandato. Sin embargo, también abre un espacio para el debate sobre los límites entre control institucional y garantías individuales dentro del marco legal vigente. La población involucrada seguirá atenta a cómo se implementa esta ley y qué efectos concretos tendrá sobre los procesos administrativos y políticos futuros en el país