Cuatro efectivos de la policía boliviana perdieron la vida de forma violenta en la región de Llallagua, Potosí, en hechos que las autoridades califican de extrema gravedad. Las circunstancias de sus fallecimientos incluyen signos de tortura, lesiones severas en la cabeza y, en un caso particular, la destrucción del abdomen provocada por la explosión de dinamita. Adicionalmente, se reportó el deceso de un ciudadano civil en Cochabamba en el contexto de la violencia reciente.
Los agentes policiales fallecidos en Llallagua han sido identificados como los tenientes Brayan Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Enrique Apata Tola, el sargento primero Jesús Alberto Mamani Morales, y el subteniente Christian Calle Alcón. El cuerpo de este último fue hallado desnudo y con las devastadoras lesiones abdominales.
Ante esta escalada de violencia, el Gobierno de Bolivia ha anunciado que presentará denuncias formales contra Evo Morales ante cuatro instancias internacionales. Estas acciones, consideradas por el Ejecutivo como actos terroristas y subversivos, representan, según su perspectiva, una seria amenaza para el sistema democrático del país. Las instancias a las que se recurrirá son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile y el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Desde la Cancillería se señaló que los sucesos ocurridos en Llallagua constituyen un asesinato planificado y cometido con extrema violencia, que trasciende cualquier demanda sectorial para convertirse en un franco atentado contra la democracia.
El presidente Luis Arce, en declaraciones recientes, advirtió que las acciones subversivas en curso ponen en riesgo la democracia boliviana y lamentó el brutal asesinato de los cuatro policías. Subrayó que los agentes han dado su vida en circunstancias en que el país está enfrentando un asedio a la democracia y el riesgo de que no se puedan llevar a cabo las elecciones previstas.
Autoridades del Ministerio de Gobierno, Justicia y Régimen Interior, junto con mandos policiales, describieron los ataques como actos terroristas. Identificaron la presencia de francotiradores, lo que, según indicaron, evidencia que no se trata de protestas civiles, sino de la actuación de grupos paramilitares.
En relación con la identidad de los perpetradores, el viceministro de Régimen Interior y el comandante de la Policía Boliviana señalaron a campesinos del ayllu Chullpa, conocido popularmente como México Chico. Esta área, próxima a Llallagua, es descrita como una zona roja con información sobre cultivos de marihuana y fábricas de cocaína, vinculada al narcotráfico.
Un análisis jurídico-constitucional sugiere que las acciones violentas observadas en Llallagua y en los puntos de bloqueo son indicativas de la existencia de grupos subversivos con entrenamiento militar, capacitados para ejecutar actos de terrorismo, conspiración y movimientos que infunden terror en la población. Esta interpretación considera que se trata de una organización criminal originada en el Chapare, con una figura intelectual responsable y un estado mayor, incluyendo a algunos legisladores. El objetivo de estos grupos, según esta visión, no sería electoral, sino el derrocamiento del Gobierno, la toma del poder y el control del Estado bajo nuevas reglas.
En este escenario, ha cobrado fuerza la demanda de declarar estado de sitio para poner fin a los bloqueos. Sin embargo, esta medida ha sido descartada por el Viceministro de Coordinación, argumentando que implicaría la suspensión de las elecciones. En contraste, otra perspectiva legal sostiene que un estado de sitio de corta duración no afectaría significativamente el proceso electoral
