La Cámara de Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley Modificatoria a la Ley 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, estableciendo una prohibición absoluta del matrimonio y las uniones libres para personas menores de 18 años. Esta decisión, que llega tras un periodo de cinco meses desde su aprobación en el Senado, representa un avance crucial en la salvaguarda de los derechos de la niñez y adolescencia en el país y ahora espera la promulgación por parte del Ejecutivo.

El nuevo marco legal especifica que la capacidad para contraer matrimonio o establecer una unión libre se adquiere únicamente al alcanzar la mayoría de edad. Cualquier unión que involucre a menores de dieciocho años se considerará nula de pleno derecho y no podrá ser convalidada bajo ninguna circunstancia. Conforme al Código Civil boliviano, la mayoría de edad se fija en los dieciocho años, lo que significa que esta ley elimina todas las excepciones que previamente existían en el ordenamiento jurídico.

Hasta el momento, la Ley 603 de 2014 permitía que adolescentes de dieciséis y diecisiete años contrajeran matrimonio con la autorización de sus padres o mediante un proceso de emancipación judicial. Estas disposiciones permisivas generaron situaciones de vulnerabilidad extrema, donde niñas eran forzadas a unirse con sus agresores o adolescentes se veían empujadas a uniones tempranas debido a presiones familiares. Para rectificar esta situación, los legisladores también han derogado el artículo 106 y los parágrafos II y III del artículo 139 de la normativa vigente, que habilitaban dichas excepciones. La aprobación final fue confirmada por la presidencia de la Cámara Baja al concluir la sesión, validando este ajuste normativo a menos de dos meses de la conclusión del mandato constitucional.

La magnitud de las uniones precoces ha sido evidenciada por reportes de la institución encargada de la defensa de los derechos humanos. Entre 2023 y 2024, se registraron cerca de 4.000 matrimonios entre adolescentes de dieciséis y diecisiete años. Sin embargo, el dato más impactante corresponde a las 464 uniones que involucraron a niñas de entre diez y quince años, incluyendo casos de apenas diez, once y doce años. Estas estadísticas han provocado llamados de atención de diversas entidades internacionales de derechos humanos. Portavoces de la Defensoría habían señalado la gravedad de estas cifras, las cuales fundamentaron una intensa labor de sensibilización institucional, que incluyó la publicación de un informe detallado con recomendaciones para erradicar las excepciones legales. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado que, entre 2010 y 2022, tuvieron lugar más de 11.000 matrimonios y uniones infantiles en el país. Detrás de estos números, según las organizaciones que impulsaron la reforma, se esconden miles de proyectos de vida frustrados por embarazos forzados, abandono escolar y ciclos de violencia de género.

La iniciativa legislativa tuvo su origen en el Senado, impulsada por la senadora Virginia Velasco, y recibió un amplio apoyo de diversas entidades, incluyendo IPAS Bolivia, la Comunidad de Derechos Humanos y la propia Defensoría del Pueblo. A pesar de que durante la sesión en Diputados se presentaron solicitudes para posponer el tratamiento y abrir un espacio de socialización, la mayoría optó por validar la ley. El Defensor del Pueblo ha expresado su satisfacción por la aprobación de la ley, resaltando el rol de la institución en visibilizar la problemática a través de informes clave, y manifestando la expectativa por su pronta promulgación para una efectiva protección de la niñez y adolescencia. Una vez que el presidente Luis Arce refrende la normativa, Bolivia se unirá a la lista de naciones con una estructura legal robusta en favor de la infancia