Representantes de diversas instituciones estatales y organizaciones políticas se congregaron en Santa Cruz para una cumbre destinada a fortalecer el proceso democrático. Tras aproximadamente cinco horas de debate, se alcanzó un consenso que reafirma la voluntad de llevar a cabo las elecciones generales el próximo domingo 17 de agosto, sin prórrogas. Este entendimiento se produce en un contexto de marcada tensión social y actos de violencia, atribuidos a protestas que buscan promover la posible candidatura de un expresidente, a pesar de las restricciones constitucionales vigentes.
Durante el encuentro, todos los actores participantes ratificaron su compromiso de trabajar conjuntamente para salvaguardar el proceso electoral en un ambiente de elevada conflictividad. Esta tensión ha sido generada, según lo discutido, por sectores afines al expresidente. La gravedad de la situación se ha manifestado recientemente con la trágica pérdida de cuatro agentes policiales en Llallagua y un ciudadano civil en Cochabamba.
El documento final suscrito busca ofrecer estabilidad y certidumbre a la población, afectada en los últimos días por bloqueos, movilizaciones y episodios violentos. Los líderes presentes reconocieron durante la discusión que las dificultades económicas y las medidas implementadas para enfrentarlas representan una amenaza para la democracia.
La declaración establece responsabilidades claras para cada órgano del Estado y subraya la importancia del respeto al Estado de Derecho como pilar fundamental para garantizar un proceso electoral transparente y pacífico. En este sentido, todos los participantes expresaron su respaldo unificado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la entidad encargada de la administración del proceso.
La autoridad electoral, por su parte, se comprometió a ejecutar el calendario electoral de manera rigurosa, coordinando acciones con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Ministerio Público, las organizaciones políticas y otras instituciones estatales. De igual forma, el Órgano Ejecutivo, a través de ministerios clave como Gobierno y Defensa, asumirá la responsabilidad de asegurar la seguridad ciudadana dentro del marco de sus atribuciones constitucionales.
Un punto central del compromiso alcanzado, que consta de doce apartados, resalta la necesidad de priorizar la pacificación, la legalidad y la participación ciudadana como elementos esenciales para el éxito de las elecciones generales. Se enfatiza la urgencia de un diálogo sincero y un compromiso profundo con la paz, contraponiéndolos a cualquier manifestación de odio, represión o intolerancia, que alejan al país de un futuro justo, plural, democrático y pacífico.
El titular del TSE destacó la amplia asistencia a la cumbre, interpretándola como una clara señal de la voluntad nacional de llevar adelante el proceso electoral. Advirtió sobre la existencia de fuerzas que, según sus palabras, intentan sabotear no solo los comicios de agosto, sino la democracia misma, haciendo un llamado a no permitir ataques contra lo que ha costado sangre, dolor y luto.
Desde el ámbito del Ejecutivo, el presidente Luis Arce Catacora hizo hincapié en la necesidad de garantizar un entorno propicio, no solo para el día de la votación, sino también para el desarrollo libre y seguro de las campañas electorales. Señaló que impedir el acceso de candidatos a ciertas áreas o generar desórdenes públicos constituye una vulneración de derechos fundamentales que debe ser abordada.
El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Egüez, manifestó el apoyo institucional del órgano judicial al proceso democrático, comprometiéndose a coordinar con las demás instituciones para asegurar unas elecciones que respondan a las expectativas del pueblo boliviano.
Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gonzalo Hurtado, alertó sobre el riesgo de que la violencia callejera distorsione el ejercicio democrático. Subrayó que la democracia debe expresarse a través del voto y no de la confrontación, haciendo referencia a la pérdida de vidas policiales recientes. Aseguró que el TCP se pronunciará ante cualquier intento de interrumpir el desarrollo normal de los comicios.
Finalmente, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, garantizó que el Ministerio Público actuará con prontitud y firmeza ante cualquier delito electoral o acción que busque obstaculizar el proceso. Indicó que se procederá contra hechos que vulneren los derechos de los electores, afecten bienes estatales o entorpezcan el proceso, sin importar si la acción es directa o indirecta, material o intelectual.
Un aspecto relevante abordado en la cumbre fue la necesidad de asegurar los recursos económicos para el proceso electoral. El presidente del Estado instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a dejar de lado la demagogia y aprobar los créditos pendientes que son cruciales para financiar todas las actividades electorales, incluyendo el voto de los bolivianos en el exterior. Explicó que la falta de aprobación de estos acuerdos por parte de la ALP está impidiendo al Ejecutivo cumplir plenamente con la provisión de recursos, poniendo en riesgo las elecciones. Hizo un llamado a la honestidad y al cumplimiento de los compromisos asumidos, advirtiendo contra la participación en la cumbre solo por la foto.
La declaración final incluye un punto específico donde el órgano legislativo se compromete, dentro de sus competencias, a aprobar las leyes necesarias para garantizar los recursos económicos requeridos para el desarrollo del proceso electoral y el voto en el exterior. Como resultado directo de la cumbre, se acordó la conformación inmediata de una comisión conjunta entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo para abordar la consideración de los créditos destinados específicamente a asegurar los recursos para el voto fuera del país. Actualmente, la Asamblea Legislativa mantiene sin tratamiento, desde hace más de un mes, al menos ocho proyectos de ley relacionados con créditos por un valor aproximado de 500 millones de dólares. Se espera que este nuevo compromiso facilite un avance en la resolución de estos asuntos financieros pendientes para la administración gubernamental
