Bolivia atravesó en 2025 una profunda crisis económica que se había gestado en años anteriores y se agravó por la escasez persistente de dólares y combustibles, factores que impulsaron un alza significativa de la inflación. Esta situación también influyó en el giro político del país hacia una postura más centrista, tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda.

Desde 2023, la escasez de divisas ya impactaba en las limitaciones para realizar transacciones bancarias en dólares y en el aumento de su valor en el mercado paralelo, donde el tipo de cambio llegó a 20 bolivianos por dólar, muy por encima de la tasa oficial establecida desde 2011 en 6,96 bolivianos.

El impacto económico se evidenció en una inflación que alcanzó el 19,69 % entre enero y noviembre, junto con un desabastecimiento crónico de combustibles. El Ejecutivo atribuyó esta problemática a la falta de dólares, vinculada al bloqueo de créditos externos por parte del anterior Legislativo. Asimismo, el sector de hidrocarburos, que durante años fue un pilar fundamental de la economía nacional, experimentó una caída en sus exportaciones, que entre enero y octubre sumaron 945,4 millones de dólares, un 34 % menos que en el mismo período del año previo.

Otros indicadores reflejaron la compleja situación económica: el déficit comercial acumuló 521 millones de dólares entre enero y octubre, mientras que las reservas internacionales se situaron en 3.277 millones de dólares a comienzos de diciembre, de los cuales solo 75 millones corresponden a divisas, predominando el oro.

El gobierno saliente entregó el poder asegurando que la economía permanecía estable, pero las nuevas autoridades denunciaron haber recibido un país en condiciones críticas, con una elevada deuda y casos de corrupción, responsabilizando tanto a la administración anterior como a la gestión de la década previa.

En el plano político, 2025 estuvo marcado por la fractura interna del Movimiento al Socialismo (MAS), debido a la disputa entre el entonces presidente y su antecesor por el control del partido y las candidaturas electorales. La popularidad del mandatario se desplomó en medio de la crisis, y la tensión se intensificó cuando el expresidente intentó postularse nuevamente, a pesar de una prohibición constitucional que limita los mandatos presidenciales. Finalmente, el exministro de Gobierno fue el candidato oficial del MAS, logrando apenas mantener el registro del partido en las elecciones.

En un giro inesperado, el centrista Rodrigo Paz Pereira emergió como la figura ganadora en las elecciones generales, imponiéndose en segunda vuelta frente a un expresidente conservador. Su triunfo sorprendió a muchos, dado que las encuestas previas le otorgaban un apoyo limitado. Durante su investidura, contó con la presencia de mandatarios de varios países sudamericanos y una delegación significativa de Estados Unidos, con el cual Bolivia busca restablecer vínculos tras años de distanciamiento.

El nuevo gobierno ha adoptado medidas significativas, como la eliminación de subsidios a los combustibles, una política vigente por más de veinte años y considerada insostenible. Esta decisión generó resistencia por parte de sindicatos que durante mucho tiempo fueron aliados del anterior régimen.

Además, se han reanudado las relaciones diplomáticas con Israel, interrumpidas en el pasado reciente, y se ha marcado un distanciamiento con algunos aliados tradicionales de la izquierda en la región. Internamente, el presidente enfrenta tensiones con su vicepresidente, quien se ha declarado en una posición crítica y de oposición constructiva, acusando sin pruebas al gobierno de corrupción y manifestando sentirse excluido del poder.

Este panorama refleja una Bolivia en plena transición política y económica, enfrentando desafíos estructurales mientras redefine su rumbo tras años de predominio de la izquierda en el poder