Bolivia está avanzando en su estrategia relacionada con los minerales tecnológicos, proyectando la verificación de la existencia de depósitos en catorce nuevas áreas distribuidas en ocho departamentos del país. Estas zonas potenciales para la explotación de elementos de tierras raras se ubican en Oruro, Potosí, Tarija, Cochabamba, Pando, La Paz, Beni y Santa Cruz. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo nacional para identificar y aprovechar recursos estratégicos, lo que llevó a la creación, en 2024, de la Gerencia de Minerales Tecnológicos y Tierras Raras, dependiente de Comibol, con el objetivo de facilitar la transición hacia la prospección, exploración y explotación de estos minerales, además de los tradicionales.
Los elementos de tierras raras comprenden un grupo de diecisiete elementos químicos, incluyendo el escandio, el itrio y los quince lantánidos. El escandio y el itrio se asocian a menudo con los lantánidos en los mismos yacimientos, de ahí su inclusión en esta categoría. Bolivia cuenta con un mapeo que identifica zonas con alto potencial para estos recursos.
En el contexto de este interés nacional, el departamento de Tarija figura entre las áreas consideradas para evaluación. A nivel local, una federación que agrupa a cooperativas mineras en Tarija ha desarrollado una propuesta para formalizar la exploración y explotación de yacimientos identificados en varios municipios del departamento. Esta iniciativa busca legalizar la actividad minera, establecer mecanismos de control sobre la contaminación de las fuentes de agua y generar mayores ingresos por concepto de regalías para la región.
La propuesta ha sido recibida de manera diferenciada a nivel municipal. Algunos ayuntamientos, particularmente aquellos que han visto disminuidos sus ingresos debido al descenso de la renta petrolera, han mostrado una perspectiva favorable. Sin embargo, la Gobernación de Tarija ha manifestado una clara oposición a estos planes.
Funcionarios del gobierno departamental han expresado sorpresa ante la organización de grupos mineros en Tarija. Subrayan que el control y la supervisión de la actividad minera en el departamento recaen bajo la jurisdicción de la Gobernación. Afirman que actualmente no existe actividad minera legalmente autorizada, especialmente en áreas consideradas de interés para la minería, como la cuenca del río San Juan del Oro y la zona alta, incluyendo los municipios de El Puente y Yunchará.
Según la Gobernación, cualquier actividad minera requiere un proceso público que incluya la autorización de las comunidades y residentes locales, un paso que, según indican, no se ha cumplido. Por lo tanto, no se ha otorgado ninguna autorización hasta la fecha. Las autoridades departamentales también han señalado que la voluntad expresada por los productores agrícolas de la región es la de no permitir la actividad minera.
La Gobernación enfatiza que la vocación fundamental del departamento de Tarija es predominantemente agrícola y ganadera, describiendo esta como la ruta de desarrollo establecida. A pesar de la existencia de actividad hidrocarburífera, esta se debe a resultados positivos en exploración y explotación, a diferencia de la situación actual de la minería.
Asimismo, las autoridades regionales advierten sobre el riesgo significativo de contaminación que la minería puede acarrear, capaz de dañar cuencas importantes como las de los ríos Pilcomayo y San Juan del Oro, provocando afectaciones de gran magnitud.
Representantes de las cooperativas mineras en Tarija han indicado la existencia de siete entidades legalmente constituidas en la región. Estas cooperativas, según sus voceros, están a la espera de la firma de convenios y contratos con el Estado para obtener la autorización necesaria para la exploración y explotación de los yacimientos identificados en diversos municipios.
Información proporcionada por entidades del sector minero local sugiere que Tarija posee yacimientos de oro, plata y plomo, además de otros minerales cuya explotación ya se realiza, como la sal rosada y la piedra caliza.
No obstante, entre la población persiste la preocupación por la posible contaminación de las aguas subterráneas, lo que podría representar un riesgo para toda la región del valle central
