El Gobierno boliviano ha impulsado una iniciativa legislativa clave para integrar a la nación en el Tratado de la Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual (OMPI) relativo a los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados. Esta medida busca proporcionar un marco jurídico robusto que permita a Bolivia salvaguardar sus derechos y exigir el debido reconocimiento en ámbitos relacionados con su patrimonio biológico y cultural.
El presidente Luis Arce anunció el envío de este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, marcando un paso decisivo hacia su ratificación. La adhesión a este instrumento internacional garantizará la obligatoriedad de divulgar el origen de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales vinculados, lo que, a su vez, fortalecerá la capacidad del país para demandar reconocimiento y beneficios justos. El mandatario subrayó que esta acción estratégica eleva la posición de Bolivia en las discusiones globales sobre propiedad intelectual, consolidando su rol como actor relevante en la configuración de la normativa internacional sobre el uso de recursos genéticos y saberes ancestrales.
Asimismo, se destacó que el tratado contribuye al cumplimiento de los principios establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que insta a los Estados a implementar medidas efectivas para proteger y reconocer sus derechos. Entre estos, se incluyen la facultad de preservar, controlar, resguardar y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales, así como sus ciencias, tecnologías y culturas.
Desde la Cancillería, la ministra Celinda Sosa enfatizó que la propuesta normativa se alinea con la política exterior del Estado, representando un avance trascendental para el país. La ministra aseguró que el proyecto ha sido elaborado con estricta observancia de los preceptos de la Constitución Política del Estado, sometiéndose a un minucioso proceso de negociación para garantizar su plena compatibilidad con la legislación nacional.
El Tratado de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados fue adoptado el 24 de mayo de 2024. Su articulado establece un requisito de divulgación obligatoria en el proceso de solicitud de patentes. Específicamente, exige a los solicitantes que revelen el país de origen de los recursos genéticos empleados o la identidad del pueblo indígena o la comunidad local que haya aportado los conocimientos tradicionales asociados, siempre que las invenciones reivindicadas se fundamenten en dichos recursos o saberes ancestrales
