El concepto de desinformación en el ámbito electoral emerge como un fenómeno de particular relevancia en el actual proceso comicial. Expertos en verificación de datos han señalado la inviabilidad de establecer mecanismos regulatorios efectivos para este tipo de contenido, dada la naturaleza intrínseca de las plataformas digitales.

La vastedad y el alcance global de las redes sociales, que operan sin fronteras definidas, complican la identificación fidedigna de las fuentes. La dificultad para verificar la identidad real detrás de una cuenta, incluso cuando se presentan nombres y apellidos, representa un obstáculo significativo que difícilmente podrá ser superado mediante la implementación de normativas.

Durante la primera fase de la contienda electoral, se detectó una inversión considerable por parte de colectivos asociados a un candidato para menoscabar la reputación de sus contendientes. En la subsiguiente ronda electoral, se observó una dinámica similar, con individuos vinculados a otro aspirante impulsando campañas de descrédito contra su oponente en el balotaje.

A pesar de las discusiones sobre la regulación de las redes sociales por parte de diversas fuerzas políticas, incluyendo el partido gobernante, los especialistas coinciden en que la complejidad inherente a estas plataformas hace que tales medidas sean ineficaces. Los intentos previos del oficialismo por regular el espacio digital, que suman cuatro, no han logrado consolidarse.

La experiencia internacional refuerza esta perspectiva, dado que múltiples naciones han fracasado en sus esfuerzos por legislar y sancionar la desinformación. Surge la interrogante fundamental sobre quién ostentaría la autoridad para definir qué constituye desinformación, un poder que, de recaer en el gobierno de turno, podría ser objeto de controversia. Además, la implementación práctica de un control efectivo y la identificación de los responsables de la propagación de tales contenidos representan desafíos logísticos y éticos considerables.

La propagación de información engañosa adopta diversas modalidades, siendo los audios una de las más complejas de rastrear y verificar. En contraste, los videos suelen ofrecer pistas más evidentes a través del lenguaje corporal de los protagonistas, mientras que para las imágenes fijas existen herramientas tecnológicas específicas que facilitan la detección de alteraciones.

Ante este panorama, la recomendación principal para los ciudadanos es siempre recurrir a las fuentes primarias de la información, buscando el testimonio directo de los involucrados. Complementariamente, la verificación cruzada de los datos a través de múltiples canales confiables se erige como la estrategia más robusta para discernir la veracidad de un mensaje.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reconocido la importancia de esta labor, colaborando con tres organizaciones nacionales dedicadas al monitoreo de contenidos falsos, y planea extender esta cooperación para la segunda vuelta electoral programada para el 19 de octubre