La administración regional de Beni está evaluando la implementación de un paro cívico departamental para este jueves. Esta medida surge como una respuesta a la percibida inacción del gobierno central frente a la grave crisis económica y sanitaria que afecta a la región.
Las autoridades regionales han señalado que, de no materializarse soluciones concretas, se considerarán acciones más contundentes, incluyendo un ayuno indefinido y la activación de recursos jurídicos y movilizaciones a escala nacional. La institucionalidad beniana se declara en estado de máxima alerta, denunciando el incumplimiento de compromisos económicos por parte del Tesoro General de la Nación y expresando una sensación de trato desigual hacia el departamento.
La convocatoria al paro cuenta con el respaldo del Comité Cívico y el aval de la Comisión Interinstitucional de Beni. Las principales demandas incluyen el restablecimiento del presupuesto que ha sido objeto de recortes y la atención urgente a los hospitales Materno Infantil y Germán Busch. Se ha destacado que estos centros, encargados de la salud de más de medio millón de personas, han recibido una cantidad ínfima de recursos, apenas dos millones de bolivianos por cuatrimestre, lo que resulta evidentemente insuficiente.
Desde la gobernación, se ha cuestionado la necesidad de llegar a una situación de caos para que se tomen medidas, subrayando la imposibilidad de garantizar la atención médica sin el personal adecuado y los recursos financieros necesarios.
El departamento atraviesa una de sus coyunturas sanitarias más críticas, exacerbada por un brote de sarampión que ya ha registrado un caso confirmado en Trinidad, la capital beniana. Aunque esta situación motivó la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional y el lanzamiento de una campaña de vacunación, las condiciones específicas en Beni dificultan su efectiva implementación.
Las autoridades locales han revelado que, desde el inicio de la actual gestión, se han tenido que afrontar pasivos financieros heredados, incluyendo remuneraciones pendientes al personal médico que se arrastraban por hasta nueve meses. A pesar de los esfuerzos por saldar estas deudas con los escasos fondos disponibles, muchos trabajadores de la salud han continuado prestando servicios sin percibir sueldo durante los últimos dos meses.
Más allá del paro y la posible huelga de hambre, la gobernación está preparando un conjunto de medidas institucionales y legales. Entre ellas, se contempla la creación de un fondo centralizado para que los recursos destinados a salud sean administrados directamente por los hospitales y el Servicio Departamental de Salud (Sedes). También se prevé la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra los recortes presupuestarios, una revisión exhaustiva del Sistema Único de Salud (SUS) y la promulgación de una normativa regional para descentralizar la gestión del sector.
Adicionalmente, se busca apoyo de organismos internacionales y se trabaja en la creación de un esquema de financiación solidaria departamental para la salud. La administración regional ha advertido que si no se obtiene una respuesta concreta en un plazo de 72 horas, se extenderá una convocatoria a profesionales de la salud y a la ciudadanía en general para una movilización hacia La Paz.
El Comité Interinstitucional de Beni ha manifestado su apoyo a las determinaciones de la gobernación, emitiendo una declaración unificada que demanda equidad para el departamento, enfatizando que no se buscan privilegios, sino un trato justo. Desde la gobernación también se ha llamado la atención sobre la aparente inacción de otros líderes regionales, sugiriendo que una reciente conferencia de prensa de gobernadores en Tarija no produjo los efectos esperados, y que departamentos como Pando, Tarija y Cochabamba podrían enfrentar situaciones igualmente o más precarias.
Finalmente, se ha instado a entidades de derechos humanos y a la comunidad internacional a monitorear la delicada coyuntura en Beni y la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno central. La postura regional es clara: no se busca una dádiva, sino que se demanda justicia, recalcando que esta movilización trasciende el ámbito médico para abarcar a toda la población beniana
