En un operativo conjunto llevado a cabo durante el fin de semana, efectivos de la Armada Boliviana y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) lograron la detención de diez ciudadanos brasileños implicados en actividades mineras ilegales. La acción tuvo lugar en una zona conocida como cerro San Simón, específicamente en el sector Mandarinas, ubicado a orillas del río Iténez, dentro de la jurisdicción del municipio de Baures, departamento del Beni.

El informe oficial del Ministerio de Defensa detalla que la intervención se desarrolló en un área que presenta graves daños ambientales debido a la extracción ilícita de oro aluvial. Este tipo de minería, caracterizada por la explotación directa sobre depósitos aluviales sin los permisos correspondientes, ha provocado un deterioro severo en el ecosistema local. La remoción indiscriminada del suelo y el uso irresponsable de mercurio para separar el oro han generado una contaminación significativa, afectando no solo la flora y fauna del lugar sino también comprometiendo la calidad del agua y la salud ambiental general.

El inspector general de la Armada Boliviana, Rocco Fredy Villazón, explicó que las condiciones encontradas en el área intervenida son críticas, describiéndola como prácticamente una “zona muerta” debido a los impactos negativos acumulados. Este escenario refleja no solo la gravedad de las prácticas mineras ilegales sino también la urgencia con que las autoridades deben actuar para preservar los recursos naturales y evitar daños irreversibles en regiones vulnerables.

La detención de estos ciudadanos brasileños evidencia además un aspecto transnacional en las actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal en Bolivia. La presencia de extranjeros involucrados implica desafíos adicionales para las autoridades locales y nacionales en materia de control fronterizo y cooperación internacional para frenar estas prácticas que no solo afectan el medio ambiente sino también pueden estar relacionadas con otras actividades ilegales.

Este operativo se suma a otros esfuerzos recientes realizados por diferentes cuerpos del Estado para combatir ilícitos que dañan tanto el entorno natural como la seguridad ciudadana. Por ejemplo, acciones similares se han registrado en zonas con alta incidencia de narcotráfico y producción ilegal, donde fuerzas antidrogas han intervenido para desmantelar megalaboratorios, evidenciando un compromiso estatal por enfrentar problemáticas complejas que requieren coordinación interinstitucional.

La intervención en el cerro San Simón pone además sobre la mesa la necesidad urgente de implementar políticas más estrictas y efectivas para fiscalizar las actividades extractivas y mitigar los impactos ambientales negativos. La degradación observada no solo afecta a nivel local sino que puede tener repercusiones más amplias sobre cuencas hidrográficas importantes y comunidades indígenas o campesinas que dependen directamente de estos ecosistemas para su subsistencia.

En síntesis, este operativo refleja una acción concreta contra las actividades mineras ilegales que ponen en riesgo tanto los recursos naturales como el orden público. La captura de los implicados busca enviar un mensaje claro acerca del compromiso gubernamental con el cumplimiento de las normativas ambientales y legales vigentes, así como fomentar una minería responsable y sostenible dentro del territorio nacional